El Gobierno no da más dinero a jueces y fiscales, pero ofrece 200 nuevas plazas

El Gobierno se ha plantado en la oferta de incremento salarial de 46,7 millones que hizo la semana pasada a los jueces y fiscales. No hizo cambios este martes en la propuesta económica, que plantea subidas medias de 450 euros al mes en las nóminas de jueces y fiscales. La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, confirmó que el Ejecutivo mantuvo la misma cuantía global en su oferta, pero que se habían tratado otros aspectos relacionados con complementos salariales. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, reconoció que la propuesta «no ha variado gran cosa», y recalcó que esta es una negociación difícil en la que no solo se aborda una subida salarial, sino que hay «otra serie de cuestiones que deben ser tratadas». Y entre esas cuestiones, el Gobierno ofreció ayer 200 nuevas plazas de jueces y fiscales, a repartir en las ofertas de empleo público de los años 2023 y 2024.

Esa propuesta busca, según el Gobierno, reforzar y mejorar el servicio público de Justicia que reciben los ciudadanos. El aumento de plazas, aunque no es un asunto estricto de la comisión de retribuciones, sí es una demanda de las carreras judicial y fiscal, y desde el Ministerio de Justicia se entiende que es necesario realizar un esfuerzo para aumentar, a corto plazo, el número de jueces y fiscales. El ministerio recuerda que ese incremento de plazas tendrá una repercusión económica de unos 10 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.

El documento ya ha sido enviado a las siete asociaciones de jueces y fiscales para que lo estudien y decidan si apoyan la propuesta o no. El Gobierno les ha dado de plazo hasta el jueves para que den una respuesta en la que muy probablemente será la última reunión de la comisión de la mesa de retribuciones en este año tan complicado para la Administración de Justicia.

La amenaza de la huelga

Las previsiones no son muy buenas, porque la negativa de los negociadores de los ministerios de Justicia y de Hacienda a elevar la oferta salarial no ha sentado nada bien en las cinco asociaciones conservadoras, que desde el primer día mantienen la amenaza de la huelga como una medida de presión en la mesa de negociaciones. El Ejecutivo solo cuenta con el voto afirmativo a su propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que desde el principio están desmarcados de la convocatoria del paro y que se han mostrado conformes con la oferta ministerial.

La duda está, por tanto, en lo que harán la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que incluso ya tienen fijada la fecha del 22 de mayo, el próximo lunes, para iniciar una huelga indefinida, que se desarrollaría en plena campaña electoral si no hay acuerdo en la decisiva reunión de mañana jueves.

Y sobre todo, falta por saber qué decisión tomará la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria en la carrera judicial y que ya se opuso claramente a la oferta del Gobierno la semana pasada por considerarla «insuficiente e inasumible». ¿Puede cambiar de criterio esta asociación y aceptar ahora el acuerdo que plantea el Gobierno? Lo que haga la APM es decisivo. La dirección de la asociación estudiará hoy el documento y decidirá. Es esta la única asociación que aún no ha fijado fecha de inicio de la huelga, a la espera de la evolución de las negociaciones.

En todo caso, hay muchos factores que pueden incidir en la decisión de las asociaciones, al margen del aspecto económico. Como por ejemplo, los beneficios de carácter organizativo que les ofrece el Gobierno, y otro asunto no menor, como es el coste que una huelga tendría en este momento sobre la Justicia española, ya muy deteriorada por el reciente paro de dos meses de los letrados judiciales y por las protestas que están manteniendo estos días los funcionarios de los cuerpos generales del sector judicial.

Un documento que plantea más poder de decisión a la carrera judicial en la futura organización de la Justicia

El documento que el Gobierno les remitió a las asociaciones de jueces y fiscales propone el incremento del complemento de destino por representación y la modificación de las leyes de eficiencia que se encuentran ahora mismo en tramitación. El objetivo es dotar a estos funcionarios de un mayor poder de decisión en la futura organización de la Justicia. En el caso de la carrera judicial se dotará a la presidencia de los futuros tribunales de instancia de la «suficiente fortaleza» como para hacer frente a los nuevos retos organizativos. El Ejecutivo propone también que las salas de gobierno de los tribunales superiores vean fortalecido su papel ejecutivo en el funcionamiento de los juzgados y tribunales en sus respectivos ámbitos territoriales.

Por lo que se refiere a la carrera fiscal, la propuesta del Ministerio de Justicia plantea abordar con la mayor celeridad posible la tramitación de la conversión de plazas, así como el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales. Asimismo, propone la inclusión en la ley que regula las carreras judicial y fiscal de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área.

«Un diálogo continuado»

De cara a realizar un seguimiento y una actualización más efectiva de todo lo relacionado con la carrera, desde el Gobierno se plantea que las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública establezcan un nuevo marco de relaciones que esté «caracterizado por el diálogo continuado».

Con esa idea se constituirán grupos de trabajo de carácter permanente y la comisión de retribuciones se convocará cada año para valorar el desarrollo y la aplicación de los acuerdos alcanzados.

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