Las comunidades cobrarán al mismo tiempo aunque no hayan recurrido
15 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Hacienda no tiene previsto pagar a Galicia de forma inminente el dinero que le adeuda por una mensualidad del IVA generada en diciembre del 2017. A pesar de que ya han pasado dos semanas desde la primera sentencia, que resolvía a favor del recurso de Castilla y León, el departamento dirigido por María Jesús Montero sostiene que «está estudiando» la resolución del Supremo. «Hay que esperar», afirman fuentes del Gobierno de España, que insisten en la idea de buscar una salida colectiva para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que también deben recibir una parte de esos fondos.
La idea de Hacienda es buscar una alternativa que sirva «para todos», con independencia de si la reclamación se ha quedado en el ámbito político o si las Administraciones han acudido a la vía judicial, como es el caso de Galicia, Castilla y León, con sentencias a favor, o Madrid y Cataluña, que supuestamente irán conociendo en las próximas semanas el resultado de sus recursos.
Esos son los planes del Ministerio, lo cual no quiere decir que se puedan desentender de lo estipulado por la sentencia, que estima parcialmente los argumentos de la Xunta, dándole la razón en todo lo que tiene que ver con la existencia de una deuda del Estado que ha supuesto un quebranto para sus arcas. Los tiempos judiciales son lentos, pero también corren, y cuando el tribunal ratifique su resolución llegará la hora de la ejecución, para la que habrá que discutir la cuantía, cuestión en la que no entra el Supremo.
Para la Xunta, los cálculos están muy claros. Son 204,4 millones de euros los resultantes de la liquidación del mes de IVA de diciembre del 2017, que no fueron computados porque el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, impulsó un cambio en la fórmula para esta contabilidad que dejó en un limbo casi un mes de recaudación. A esta modificación se aferró Montero para desviar la responsabilidad del impago a la Administración de Rajoy, pero la sentencia es clara al respecto, porque aunque la cifra para hacer la transferencia se debe hacer sobre un mes del año 2017, el pago en sí, o la deuda en este caso, se realiza dos años después. Normalmente, y atendiendo a otros períodos liquidados, el montante del IVA debió ingresarse en las cuentas de la Xunta en julio o agosto del 2019.
Para entonces, el PSOE llevaba ya trece meses en el poder tras la moción de censura, y la ministra Montero era conocedora del problema, porque además de ser responsable con anterioridad de la Hacienda andaluza, el propio presidente de la Xunta y el conselleiro Valeriano Martínez le advirtieron por primera vez de la necesidad de solventar este problema técnico mucho antes de que se convirtiera en un problema político que el Gobierno de España acabó vinculando a la aprobación de los primeros presupuestos socialistas que no prosperaron. Ese movimiento provocó que decayese la legislatura, y fue entonces cuando Hacienda empezó a poner como disculpa para no resolver la deuda que no era posible encontrar una solución por estar en funciones. Montero también se apoyó en informes de la Abogacía del Estado para defender su postura, obligando a las comunidades a recurrir a la vía judicial para encontrar amparo.
Galicia agotó los plazos para el diálogo político, y no presentó su recurso hasta agosto del 2020. Las diferentes propuestas aportadas por la Xunta durante los meses anteriores para encontrar una solución fueron mencionadas en la sentencia como un gesto de voluntad por alcanzar un acuerdo extrajudicial.
La deuda
204,4 millones €
El cálculo de la Xunta. Para Hacienda, la cantidad adeudada se mueve entre los 185 y 190 millones
2.500 millones €
Para todas las comunidades. Es el montante total reconocido por Hacienda. Las sumas de las comunidades son más altas
12 millones €
Intereses de demora. Será otro de los cálculos que Galicia podrá pelear
Los intereses de demora podrían elevar la cuantía de la deuda hasta en doce millones
La batalla que se viene ya no será, pues, sobre quién tiene razón, sino a cuánto asciende la deuda. Hacienda reconoció en su día que en el caso de Galicia esa cifra rondaba los 185 millones de euros, pero nunca aportó datos para el contraste. Ahora tendrá que hacerlo, teniendo en cuenta que ese cálculo no es directo, esto es, no se trata de una cifra cerrada que se extrae del cálculo del IVA recaudado, sino que este ingreso tiene incidencia sobre otros fondos que están reconocidos en el sistema de financiación autonómico, como es el de suficiencia de servicios públicos, entre otros.
De ahí la diferencia de unos veinte millones de euros entre los cálculos de unos y otros técnicos, a los que al menos Galicia podrá añadir los intereses de demora. Esa será otra pelea. La Xunta entiende que ese tiempo va a contarse desde el momento en el que se genera la deuda, o sea, en el 2019, pero habrá que afinar el momento exacto para resolver el montante, porque unos meses arriba o abajo pueden suponer millones de euros. De momento, la Xunta estima que esos intereses deberían rondar los 12 millones de euros.