El ADIF descarga en Renfe toda la responsabilidad sobre los vagones arrojados al Sil
GALICIA
Alega ante la Xunta que nunca existió la intención de abandonarlos en el río, sino de apartarlos de la vía para recuperarlos después
16 sep 2020 . Actualizado a las 16:28 h.Las alegaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para eludir la multa de 45.000 euros impuesta por la Consellería de Medio Ambiente supone la primera explicación fáctica del extraño y desgraciado suceso ocurrido el pasado 2 de agosto en la ribera del Sil, a unos 500 metros de la estación de Sobradelo, cuando dos vagones de un tren de mercancías que había descarrilado el 28 de julio fueron empujados hacia el cauce del río. Uno de ellos no afectó a la servidumbre fluvial, mientras que el otro tocaba el cauce con uno de sus extremos. Al margen del daño ecológico que la sanción trata de evaluar, las imágenes de la gestión de este accidente causaron una lógica indignación en la opinión pública, no solo de Galicia, sino de todo el país. Pero el gestor de la infraestructura ferroviaria descarga toda la responsabilidad operativa sobre Renfe, en virtud de un convenio suscrito entre ambas empresas públicas por el que la operadora debe retirar el material rodante de las vías en caso de accidente.
En su pliego argumental para eludir la sanción, el ADIF explica que desde que tuvo lugar el descarrilamiento hasta el día 2 de agosto, cuando se produjo la controvertida maniobra, se estuvo trabajando durante seis días para poder encarrilar los vagones, consiguiendo retirar siete de los once que componían el convoy de mercancías. Los cuatro restantes «no era posible encarrilarlos», por lo que «se decidió apartarlos lo necesario para liberar el gálibo de la vía y montar los tramos de carril que seguían dañados». Esta operación, de acuerdo con las alegaciones para recurrir la sanción de la Xunta, tenía como objetivo «permitir el acceso a la zona de las grúas y de los trenes taller, con los que poder recuperar los vagones siniestrados».
¿Caída accidental?
Así, dos de los vagones del lado de la ladera fueron apartados sin complicaciones. «En el caso de los vagones situados en el lado del río, uno de ellos fue correctamente apartado, sin que se produjera ninguna incidencia, en el talud de la vía, y dentro del dominio público ferroviario, para su posterior recuperación. Se repite la misma operación con el siguiente vagón, desplazándolo lo necesario para librar gálibo de la vía, pero finalmente se desplaza hacía la ribera del río Sil».
Es decir, el ADIF da a entender que fue un error de cálculo o un hecho accidental que uno de los vagones terminara en el cauce. Y que en cualquier caso no había intención de deshacerse de ellos arrojándolos al río, sino que el plan era liberar la vía para poder recuperarlos después. Ambos vagones fueron retirados en una compleja operación entre el 8 y el 9 de agosto. «En ningún caso se ha procedido a abandonar o realizar ningún tipo de vertido de los vagones siniestrados, sino que se ha trabajado arduamente para su recuperación», concluyen en su pliego de alegaciones, al tiempo que, basándose en el propio expediente sancionador de la Xunta, «no se han ocasionado daños [medioambientales] de gran relevancia, salvo la afectación a alguna especie arbórea común en la zona». De acuerdo con el propio inspector de Medio Ambiente que instruye el expediente, tampoco se habrían ocasionado vertidos.
Competencia de Renfe
Tras explicar que el ADIF se dedica a la gestión de la infraestructura y Renfe a la operación de trenes -tras la segregación de ambas empresas en el 2004-, y que los vagones accidentados pertenecían a Renfe Mercancías, la representación legal del administrador ferroviario detalla que las labores de retirada del material siniestrado fueron realizadas por la división de Fabricación y Mantenimiento de Renfe. Este tipo de operaciones se llevan a cabo en virtud de un convenio suscrito entre ambas entidades en junio del 2005, por el que la operadora ferroviaria prestará al ADIF lo que se conoce como «servicio de ayuda en accidentes», consistente en la liberación de las vías tras un accidente o incidente, para que puedan ser utilizadas «en el menor tiempo posible». En su pliego de alegaciones, el ADIF pone especial énfasis en uno de los puntos del convenio: Renfe debe desarrollar estas operaciones «empleando el debido cuidado y diligencia, conforme a los usos y técnicas profesionales».
Por tanto, de acuerdo con las explicaciones del administrador de la infraestructura ferroviaria, «todas las labores» de recuperación de los vagones fueron realizadas por la división de Fabricación y Mantenimiento de Renfe, incluida la solicitud de los permisos necesarios para llevar a cabo estas acciones.
Destaca el ADIF que carecían de «potestad sobre los vagones» y que el plan de Renfe era llevar a cabo «un desplazamiento provisional para poderlos retirar posteriormente». El gestor de la infraestructura tampoco participó en la compleja operación posterior para recuperar con grúas los dos polémicos vagones.
No obstante, el administrador ferroviario sigue con su investigación interna en el ámbito de la supervisión de las operaciones, aunque en principio todo parece apuntar a que la responsabilidad exclusiva era de Renfe. En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 2 de O Barco ha abierto recientemente diligencias para investigar si hay un delito medioambiental en la operación para liberar las vías. Será en el ámbito de esta causa judicial donde la Fiscalía presente las conclusiones de su informe.
«Los vagones no son ningún tipo de residuo, pues no iban a ser desechados»
La sanción de la Consellería de Medio Ambiente -que se suma a otra de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil- parte de una eventual infracción administrativa grave «por el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente». Ante esta sanción que les obligaría a pagar 45.000 euros, el ADIF alega que los vagones no son «ningún tipo de residuo, pues no iban a ser desechados. Eran vagones que estaban en perfecto estado y la intención fue siempre recuperarlos». Niegan tajantemente «la intencionalidad de abandonarlos», aunque en realidad, según sus propios argumentos, todo el operativo corrió a cuenta de Renfe, pese a que fue el ADIF la empresa pública en la que se centraron la mayoría de las críticas.
