Meirás, historia de una afrenta

Así se hicieron los Franco con el pazo que ahora deben devolver al Estado


redacción / la voz

«Analizar en el año 2020 cuál fue la voluntad en 1938 de la Junta Pro-Pazo del Caudillo y de don Francisco Franco Bahamonde, 82 años después, parecía a primera vista prácticamente imposible». La apreciación la realiza la magistrada Marta Canales en la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña que esta semana determinaba que el pazo de Meirás debe volver a manos del Estado. Pese a esa dificultad inicial, «la documental aportada por la Administración General del Estado y la prueba practicada, han permitido a esta juzgadora acercarse a esa fecha, a 1938, para poder determinar lo realmente sucedido». Y lo sucedido, según el fallo judicial, es lo siguiente.

A principios de 1938, cuando comienza a percibirse que Franco puede lograr la victoria militar en la guerra y hacerse con el control del Estado, varias personalidades coruñesas engendran la idea de buscar un palacio para que Franco pase los veranos en él. La elección recae en las Torres de Meirás, propiedad de los herederos de Emilia Pardo Bazán. Así surge la Junta pro Pazo del Caudillo, que se constituye en marzo de ese año con el objeto de «adquirir mediante suscripción voluntaria una finca para ser regalada o donada en nombre de la provincia de La Coruña al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, habiéndose decidido por la conocida con el nombre de Torres de Meirás, sita en el Ayuntamiento de Sada».

Las negociaciones con los herederos de Pardo Bazán cierran la venta en 406.346,20 pesetas (2.442,19 euros). Y el 5 de diciembre de 1938 se produce la visita de Franco a Meirás y el acto oficial de entrega del pazo, que se plasmó en un pergamino en el que se recogía que: «En el día 28 de marzo de nuestro Segundo Año Triunfal, año del Señor de 1938, la ciudad y la provincia de A Coruña hicieron la ofrenda donación de las Torres de Meirás al Fundador del Nuevo Imperio Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España, Francisco Franco Bahamonde». Estos documentos probarían que Meirás fue regalado a Franco en calidad de jefe del Estado, y no personalmente: «Cómo se puede sostener que se trató de un regalo a Franco. No, fue un regalo al Caudillo. Desde la génesis misma de la idea hasta el acto de entrega el 5 de diciembre de 1938. Todos los actos realizados lo demuestran», dice la sentencia.

Una prueba más de que el pazo se quería donar al caudillo «es lo que después quería hacer Franco, ahora sí persona física, en 1941». Se refiere el fallo judicial a «la operación de compraventa del 24 de mayo de 1941» entre Francisco Franco y los herederos de Pardo Bazán, por la que estos le venderían el pazo por 85.000 pesetas (510 euros) que nunca llegaron a pagarse. Una operación que, según la jueza, «instrumentaliza una escritura nueva de compraventa para conseguir que el pazo, cuya donación aceptó en calidad de caudillo, se inscriba a su nombre a título particular» en el Registro de la Propiedad. La compraventa, dice el fallo, «es nula». «Franco nada pagó» y la vendedora «ya había vendido».

 

El Estado ocupa el inmueble

Pero es que, además, «desde mediados de 1938 el Estado ocupa el inmueble». Se inicia la preparación del edificio para albergar la sede estival de la Jefatura del Estado y, paralelamente, se va construyendo el muro de cierre incluyendo las fincas colindantes, cuyo procedimiento de adquisición «consta acreditado» que fue forzoso. Las obras de remodelación comienzan y son sufragadas, inicialmente, por la Junta Pro Pazo y después, por la Casa Civil y Militar y la Comandancia de Obras del Ministerio del Ejército. El Estado asumió, sostiene la sentencia, «desde el año 1938 y al menos hasta el fallecimiento de Francisco Franco, de manera ininterrumpida, todos los gastos de mantenimiento e infraestructuras del pazo de Meirás». Todos los gastos corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y la gestión no difería de la de otras dependencias oficiales. Es más: «El pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al palacio de El Pardo». Los empleados debían cubrir un impreso con cada cosa que retiraban de las despensas y el personal que prestaba servicio en Meirás dependía de la Casa Civil y Militar. «La línea entre Franco persona y jefe de Estado era difusa o inexistente».

El Estado se ocupaba también de la vigilancia de Meirás, no solo durante el verano, cuando se convertía en sede de la Jefatura del Estado, sino todo el año. Lo hacía a través de la Guardia Civil y de los llamados guardeses, guardias civiles que residían de forma permanente en el recinto. El destacamento del instituto armado se mantuvo hasta el 28 de febrero de 1981, más de cinco años después de muerto Franco y, curiosamente, cinco días después del golpe de estado fallido del 23F. El último guarda hortelano continuó hasta 1990 y su sueldo era sufragado también por el Estado, «lo que en modo alguno se corresponde con una propiedad privada, sino con un bien de naturaleza pública, y esta afectación se mantuvo hasta marzo de 1990».

El dominio público no prescribe, recuerda la jueza, pero aún en el caso de que así fuese, «no habrían transcurrido los treinta años precisos», puesto que el último guarda hortelano fue cesado en 1990. Sobre todo, dice la sentencia, «cuando nunca podría alegarse por los demandados una posesión pacífica, porque los movimientos civiles y reivindicativos con relación al pazo de Meirás constan acreditados» ya desde el año 1977.

Todos estos argumentos llevan a la jueza a declarar, en una sentencia que puede ser recurrida, la nulidad de la donación del pazo en 1938 y de la compraventa de 1941, así como a determinar que la propiedad de Meirás corresponde al Estado y a condenar a la familia Franco a devolver el inmueble al Estado.

No tendrán derecho a compensaciones, puesto que la jueza ve «mala fe» en esa operación de compraventa de 1941, además de porque se realizaron transmisiones forzosas de las propiedades colindantes y porque el Estado asumió todos los gastos de la que fue residencia estival de los Franco.

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«¿Cómo se puede sostener que se trató de un regalo a Franco? No, fue un regalo al Caudillo». Así zanja la magistrada Marta Canales las dudas sobre cuáles eran las intenciones de los miembros de la Junta pro Pazo cuando compraron las torres de Meirás a los descendientes de Emilia Pardo Bazán. En una sentencia histórica en la que estima la demanda del Estado y condena a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña deja claro que desde el primer momento todos los actos y documentos se refieren a la donación del pazo de Meirás «al Caudillo», «al fundador del nuevo imperio, jefe del Estado y generalísimo de los Ejércitos». No se refieren a Francisco Franco como persona, expone la sentencia: «La literalidad de los documentos no arroja dudas. No se trata de una hipótesis dudosa. Es claro que se quería donar el pazo al Caudillo».

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