Memoria, Patrimonio y el valor de las Humanidades


Los reveses judiciales sufridos en el intento por recuperar las esculturas del maestro Mateo han puesto de manifiesto la complejidad de llevar la historia, y la memoria, a los tribunales en un régimen político como el actual que no surgió de una ruptura con el ordenamiento jurídico del franquismo sino que emanó de una transición «de la ley a la ley». Si la carga probatoria recae siempre en el demandante, en este caso se hace más onerosa al enfrentarnos a una parte demandada que controló las estructuras de la Administración y la Justicia durante cuarenta años, ejerciendo un poder omnímodo para silenciar la disidencia, coaccionar a profesionales y eliminar pruebas incriminatorias. De estas circunstancias se han servido con destreza los abogados de la familia Franco en los procesos abiertos, tanto en el de los profetas mateanos, donde los jueces han dictaminado en contra del Concello de Santiago invocando la «orfandad probatoria» en dos sentencias que concurren en señalar las deficiencias del informe pericial presentado con la demanda, como en el caso del pazo de Meirás, ahora visto para sentencia. «Un tribunal civil no es el lugar en el que se debe hacer justicia histórica», afirmó en sus conclusiones el abogado de los Franco. Sin embargo, como se ha demostrado en una serie de artículos publicados en este periódico, una investigación histórica sistemática y precisa puede superar esos obstáculos sacando a la luz documentos donde se registran las voces de testigos claves para conocer la verdad y, con la verdad, alcanzar la consecución de la justicia.

A través de los testimonios epistolares de Filgueira Valverde, Sánchez Cantón, Ainaud de Lasarte, y, sobre todo, Chamoso Lamas, máximo responsable del patrimonio en Galicia durante el franquismo, ha quedado expuesta la impunidad con la que maniobraban las autoridades del régimen forzando a profesionales a actuar en contra del correcto cumplimiento de la misión de su cargo (rozando lo que se tipificaría como prevaricación), haciéndolos cómplices en subterfugios para-legales, como en el caso de la enajenación de la Casa Cornide, y en fraudes documentales como la inclusión de los profetas mateanos como «propiedad de S. E. el Jefe del Estado» en el catálogo de la exposición de arte románico de 1961. Fue esta una operación diseñada e instigada directamente por el Intendente de la Casa Civil del Caudillo, Fernando Fuertes de Villavicencio, para suplir la carencia de título de propiedad, o contrato de compraventa, que no podían existir porque las esculturas habían adquirido la condición de bienes de dominio público, inajenables a un particular. Se pretendía así iniciar un proceso de adquisición de derechos de propiedad por usucapión que, a la larga, ha tenido éxito, a pesar de haber pruebas documentales, no aportadas en el juicio, que demuestran su invalidez legal al estar la usucapión viciada en origen por la existencia constatable de «mala fe». Si la crisis del covid-19 ha puesto de relieve lo esencial que es para un país contar con los mejores científicos y profesionales de la sanidad cuando nos enfrentamos a un virus escurridizo, ubicuo y mortífero, de la misma forma, para evitar que nuestra democracia se vea minada por rebrotes de los virus del pasado, y alcanzar la victoria en las causas abiertas para la restitución del patrimonio apropiado durante el franquismo, es necesario enlistar el talento de los mejores historiadores y cuidar la labor indispensable de los profesionales de los archivos.

Por Francisco Prado-Vilar Investigador del Real Colegio Complutense de Harvard

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