El Estado no tendrá que indemnizar a los Franco para recuperar el pazo de Meirás

La Justicia retira la propiedad a la familia del dictador y dice que este actuó «de mala fe»


redacción / la voz

«¿Cómo se puede sostener que se trató de un regalo a Franco? No, fue un regalo al Caudillo». Así zanja la magistrada Marta Canales las dudas sobre cuáles eran las intenciones de los miembros de la Junta pro Pazo cuando compraron las torres de Meirás a los descendientes de Emilia Pardo Bazán. En una sentencia histórica en la que estima la demanda del Estado y condena a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña deja claro que desde el primer momento todos los actos y documentos se refieren a la donación del pazo de Meirás «al Caudillo», «al fundador del nuevo imperio, jefe del Estado y generalísimo de los Ejércitos». No se refieren a Francisco Franco como persona, expone la sentencia: «La literalidad de los documentos no arroja dudas. No se trata de una hipótesis dudosa. Es claro que se quería donar el pazo al Caudillo».

Si el pazo se le regaló al jefe del Estado o a la persona de Francisco Franco Bahamonde era una de las claves del juicio que se celebró el pasado junio para decidir la propiedad del inmueble del municipio de Sada del que ahora disfrutan los herederos de Franco. Pero hay otro aspecto más grave: el del título de venta del pazo. La sentencia asume las tesis de la Abogacía del Estado de que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una simulación, porque el inmueble ya había sido vendido a la Junta pro Pazo en 1938. Por tanto, sobre la operación de 1941, la sentencia es rotunda: «Lo actuado es una ficción, con el solo objeto de poner el bien a nombre de Franco». La magistrada argumenta que el 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo, y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido», en referencia a la transacción que la heredera de Pardo Bazán había efectuado tres años antes.

Lo actuado es una ficción, con el solo objeto de poner el bien a nombre de Franco

El título que figura a nombre de los Franco en el Registro de la Propiedad de Betanzos queda anulado por esta sentencia y por lo tanto el pazo de Meirás pasará a ser de dominio público, tal y como reclamaba el Estado en la demanda presentada en julio del 2019. Y lo será sin que el Estado tenga que indemnizar a los herederos del dictador por los gastos de conservación del inmueble, posibilidad que se contemplaba en la demanda y que incluso fue planteada en el juicio por alguno de los expertos en derecho civil que declararon como testigos.

En este caso, la jueza estima que no cabe la liquidación del estado posesorio porque la propiedad fue incorporada «de mala fe» al patrimonio de los Franco. Entiende que eso se materializó cuando el dictador otorgó una escritura pública en 1941 «con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno».

Al declarar que el pazo es del Estado, la sentencia considera nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de unas fincas que se recogen en una escritura de noviembre de 1982.

Los Franco recurrirán la sentencia ante la Audiencia de A Coruña, como confirmó el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, que cree que la familia no debe abandonar el pazo hasta que la sentencia sea firme. «Desde el punto de vista jurídico, no puedo estar más en desacuerdo con la sentencia, que a falta de una lectura en profundidad parece que evita rebatir los argumentos fundamentales de la contestación a la demanda. A veces uno piensa que ni siquiera se ha leído la contestación a la demanda», dijo Utrera, que también critica que la resolución dé por probados los hechos contenidos en un libro escrito por dos militantes del BNG. «Evidentemente, vamos a recurrir y confiamos en que las instancias superiores resuelvan en derecho», añadió.

Desde la Abogacía del Estado mostraron su satisfacción por la sentencia, que asume todos los aspectos esenciales de la demanda del Estado. Destacaron que el juicio tuvo una carga jurídica importante, alejada del matiz político. Esa circunstancia la deja clara la jueza cuando sostiene que «no se trata de un juicio político, pero sí que han de analizarse hechos que forman parte de la historia de España. Una lectura de la demanda, transcrita en el hecho primero, revela que la parte demandante, la Administración General del Estado, a través de su Abogacía no hace un ataque político, sino netamente jurídico, con base innegable en la historia. Afirmación trasladable a las distintas jornadas del juicio».

Pero la repercusión política de esta sentencia es evidente. «Nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español», declaró la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. También el presidente de la Xunta destacó que «o pazo de Meirás é xa patrimonio de todos. Así o decidiu a Xustiza avalando os argumentos que a Xunta trasladou ao Estado». Feijoo añadió: «A sentenza reflicte un triunfo na defensa dos intereses comúns». Incluso Pablo Iglesias valoró el fallo, que «restituye la dignidad del país». También el BNG y el PSdeG mostraron su satisfacción por la sentencia contra la familia Franco.

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