La factura del «ti vai facendo»: más de 16 millones en multas en solo cinco años por construcciones ilegales

André Siso / R. S. LA VOZ

GALICIA

Arriba a la izquierda, una construcción ilegal en Nigrán, y su estado tras el derribo; abajo, un caso similar en Arzúa
Arriba a la izquierda, una construcción ilegal en Nigrán, y su estado tras el derribo; abajo, un caso similar en Arzúa APLU

La amenaza de sanciones hace que los propietarios se anticipen en los derribos antes de que intervenga la agencia de legalidad de la Xunta

17 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El número de construcciones ilegales que acabaron bajo la piqueta en Galicia se quedó el año pasado por debajo de las 150 por primera vez desde el 2014. Fueron en concreto 137 las edificaciones demolidas, un descenso del 35 % con respecto a las 210 del curso anterior. Los datos de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, confirman un punto de inflexión: se ha cortado una trayectoria en ascenso durante los cinco anteriores. Y es además el dato más bajo desde el 2014.

En la división territorial, hay tres provincias en las que las cifras descendieron drásticamente, mientras que, en la cuarta, prácticamente se mantienen. En A Coruña, los 58 derribos del 2018 pasaron a ser 26 el año pasado, una bajada del 55 %; en Lugo, hubo un descenso del 46 %, de 37 demoliciones a 20; en Ourense, de 31 casos a solo 8; mientras que, en Pontevedra, las reposiciones descendieron solo un caso, desde los 84 a los 83.

 Los derribos y apercibimientos urbanísticos conllevan también multas a los propietarios de estas construcciones irregulares. En el 2019 hubo 433 sanciones con una factura conjunta de 1,6 millones de euros (unos 3.700 euros por dueño). Es la cifra más baja desde que existen registros. La caída, desde los 2,44 millones de euros del 2018, representa un descenso del 33 % en tan solo un año. Por comparar, en el 2015, se recaudaron casi 6 millones de euros en sanciones, lo que significa un descenso del 73% en cinco años. La suma total de este lustro supera ligeramente los 16 millones. 

Esta tendencia, que ilustra un descenso en el número de multas y en el importe de las mismas desde el año 2015, puede significar, según la APLU, una creciente concienciación de los propietarios a la hora de eliminar las construcciones irregulares y así evitar la concatenación de sanciones. Si la edificación se mantiene, las multas se perpetúan en el tiempo y aumentan su cuantía en cada ocasión, algo que muchos dueños no están dispuestos a pagar por mantener en pie su propiedad. Muchos apercibidos tienden a depositar el dinero que le corresponde y a derribar la edificación antes de que las multas aumenten.

«La mayoría de las casas antiguas de Galicia están en el catastro, pero no en el registro oficial. Eso es un inconveniente enorme y una de las causas por las que tantas construcciones están fuera de la ley». Son palabras de Celeste Carreira, abogada especializada en urbanismo. En su opinión, la mayoría de las reposiciones que se terminan haciendo en suelo gallego se deben a la intención de los propietarios de evitar las multas de la APLU: «Si tu vivienda es irregular, la agencia te va multando progresivamente. Primero mil euros, luego dos mil, cuatro mil... La mayoría de los propietarios deciden derribar sus construcciones voluntariamente para terminar con la sangría de las multas, antes incluso de ir a juicio».

Una construcción irregular en Betanzos, a la que se le tuvo que suprimir la parte superior
Una construcción irregular en Betanzos, a la que se le tuvo que suprimir la parte superior APLU

Carreira recuerda que no todos los casos de viviendas construidas de forma irregular son iguales. Según la normativa, si la estructura puede ser adaptada al marco legal, el derribo no es necesario. «Y esto no lo sabe mucha gente. A veces, con modificar algún aspecto de la casa ya sirve, no es obligatorio demolerla al completo. Conocer esta posibilidad salvaría del derribo muchas casas», concluye.