El Gobierno confía en aprobar el decreto, pese a estar en solitario en su plan
07 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Hacienda no tiene un plan B para que los ayuntamientos puedan hacer uso del superávit acumulado si, tal y como se desprende de las intenciones reveladas por los partidos con representación en el Congreso, no sale adelante la medida aprobada por los pelos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo Abel Caballero.
Pese a que casi todos los partidos con representación en la Cámara baja han manifestado ya que votarán no, lo que sumaría una mayoría absoluta en contra del acuerdo, el Gobierno no baraja otra alternativa. El gabinete de María Jesús Montero se limitó a recordar que, al tratarse de un decreto ley, tiene que seguir la tramitación parlamentaria pertinente, que culminaría, dentro de un mes, con su aprobación en el Congreso. «Y confiamos en que se apruebe», indicaron. Lo que lleva a pensar que el equipo de Pedro Sánchez espera poder convencer a otros partidos para que apoyen la medida, incluidos sus socios de Gobierno, dado que tampoco el representante de Unidas Podemos en el FEMP votó a favor.
De hecho, fue a raíz de la crisis del coronavirus y las necesidades que los ayuntamientos tienen de liquidez para hacer frente a la pandemia que Unidas Podemos instó a la Moncloa a permitir a las Administraciones locales el gasto del superávit acumulado en los últimos años. Como la llamada ley Montoro, todavía en vigor, no lo permite, Hacienda presentó una propuesta por la que los ayuntamientos entregarían, de forma voluntaria, sus remanentes al Estado y este les devolvería dichas cantidades en el plazo de diez años para invertirlas en una serie de proyectos recogidos también en la iniciativa.
Ese documento se sometió a votación esta semana en la FEMP y la oposición de los demás partidos fue unánime, de ahí que hiciese falta el voto de calidad del presidente para sacar adelante una propuesta que luego el Gobierno transformó en un real decreto que deberá ser ratificado por el Congreso en el plazo de un mes.
¿Diez o quince años?
El PSOE insiste en que no hay otra solución. De hecho, Abel Caballero arremetió ayer de nuevo contra el PP por esta cuestión: «Si hay alternativa a entregar los remanentes sin incumplir la ley que hizo el propio PP, que lo digan». El alcalde de Vigo criticó las protestas de los populares «cuando los culpables son ellos», puntualizó Caballero.
Pese a que el acuerdo de la FEMP databa en diez años el plazo de devolución de los remanentes, el BOE lo fijó en quince, incrementando la polémica. Abel Caballero matizó ayer que el acuerdo es a diez años, aunque las entidades locales podrían, voluntariamente, acogerse a un plazo mayor para el reintegro.
Son los regidores populares lo más duros con esta «incautación». Los alcaldes gallegos del PP amenazaron con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, decisión que ayer también tomó el gobierno catalán. Quim Torra acusó al Gobierno de «quedarse» con los remanentes de los ayuntamientos catalanes. La alcaldesa accidental de Madrid, Begoña Villacís, acusó a Sánchez de dejar «vendidos» a los municipios, y los alcaldes del PP de Baleares anunciaron que no transferirán sus remanentes. Por su parte, el PNV se desmarcó del acuerdo alegando que no afectaba a sus entidades locales, y el alcalde de Zaragoza, portavoz del PP en la FEMP, reunirá hoy a los regidores españoles que se sientan «agraviados» para redactar un manifiesto conjunto.