Un informe jurídico avala restituir parte de los poderes de la Cámara, pese a estar disuelta, con un pacto entre partidos
18 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Parlamento gallego fue disuelto el pasado 11 de febrero, a todos los efectos, debido a la convocatoria de las elecciones autonómicas. Esta decisión es inamovible, por mucho que el coronavirus y el confinamiento preventivo de la población obligaran después a suspender los comicios, prolongando de forma anómala el período de inactividad parlamentaria. En todo este ínterin, la labor de contrapeso al Gobierno autonómico quedará restringida, si bien un informe de los servicios jurídicos avala que la Cámara pueda recuperar una parte —nunca toda— de su labor de control a los miembros de la Xunta, siempre y cuando exista un consenso entre las fuerzas políticas.
El informe firmado por los letrados del Parlamento analiza en sus 42 páginas la legislación de otras cámaras autonómicas, como las de Andalucía, el País Vasco, Cataluña, Asturias o las Cortes Valencianas, para recalcar que todas ellas prevén que las funciones del Legislativa quedan limitadas desde el momento en que se convocan elecciones hasta que se constituye la nueva Cámara. En ese intervalo de tiempo, el Parlamento funciona de manera restringida a través de la Diputación Permanente, con menos de un tercio de sus diputados habituales, sin celebrar plenos, comisiones sectoriales, mociones de censura o procesos de investigación, y sin poder debatir o tramitar textos legislativos.
Ahora bien, los servicios jurídicos consideran que la Cámara, especialmente en este período de impasse que se va a prolongar, puede tener algún papel más allá de albergar comparecencias de los miembros de la Xunta y de que estos debatan con la oposición, que son las acciones que «teñen un encaixe claro no diálogo imprescindible entre un Parlamento disolvido e un Goberno», señala el informe.
Los diputados también mantienen intacta la facultad de formular preguntas y peticiones de información en base al artículo 9 del reglamento, y se pueden promover declaraciones institucionales, que son las aprobadas por unanimidad. ¿Pero podría un grupo registrar una moción para reprobar a un conselleiro o una proposición no de ley para pedir más recursos para las residencias de mayores?. Los letrados del Parlamento entienden que sí, pero matizan que este grupo de iniciativas «requirían, en principio, do consenso das forzas políticas para a súa tramitación».
Valoran desde los servicios jurídicos que este grupo de iniciativas —interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley y comunicaciones del Gobierno— son las que permiten que la Diputación Permanente de la Cámara «exerza o debido e efectivo control e impulso da actividade do Goberno» hasta que se constituya un nuevo hemiciclo,
El Parlamento vasco, por ejemplo, tiene perfectamente regulado que se puedan registrar proposiciones no de ley en períodos en que está disuelto, como el actual, mientras que en Galicia se recurre más al formato de las comparecencias del Gobierno y posterior debate con la oposición, medida a la que ya se sometieron recientemente el presidente y vicepresidente de la Xunta, así como la conselleira de Política Social.
La potestad de darle más protagonismo a un Parlamento que está disuelto residente, por tanto, en el acuerdo de los grupos políticos y de manera muy especial en el PP, que tiene la mayoría absoluta para decidir. Su portavoz, Pedro Puy, manifestó que lograr un acuerdo en este sentido «sería lo apropiado», así que mostró su plena disposición al diálogo para ampliar las funciones de la Cámara en este período tan excepcional.
El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero entiende, a la luz del informe, que lo que toca es «activar a Deputación Permanente para fortalecer a resposta democrática ante a crise» y facilitar que Feijoo comparezca para dar explicaciones cada 15 días. Desde el BNG, Ana Pontón, va a más allá e interpreta que la diputación «debe ter un funcionamento moi análogo ao do Parlamento», y demanda que se reúna no cada 15 días, sino cada semana.
