Son órganos que atienden asuntos decisivos en la vida de los ciudadanos, desde un despido laboral a una jubilación o un alta médica. Y están saturados. Hay citaciones para el 2023
26 dic 2019 . Actualizado a las 16:41 h.«Un señalamiento a dos años vista para un asunto social es algo muy difícil de explicar y de aceptar, pero hay que tener en cuenta que en los juzgados de lo social de Vigo hay una tasa de entrada de asuntos del 175 %; en los de Santiago, del 151 %; en los de Lugo, del 148 %, y en los de A Coruña, un 142 %». Esta explicación ofrecida poco después de llegar al cargo por el actual presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, refleja la compleja situación de los juzgados de lo social en Galicia, que parece haber empeorado en los últimos meses. Ya hay citaciones para el año 2023, es decir, para dentro de cuatro años, como denuncian desde el Colegio de Abogados de A Coruña: «Es una situación de retrasos desproporcionados a causa de la saturación de los juzgados que no se está solucionando».
La social es la jurisdicción que peor encaja los vaivenes del país, pues atiende aspectos que afectan directamente al bienestar de las personas, desde las regulaciones laborales y los despidos, a las reclamaciones de salarios, las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo o las incapacidades laborales. Por eso, en tiempos de crisis las demandas ciudadanas ante estos juzgados se multiplican. La Administración judicial es consciente del problema y por eso hay órganos de lo social, en Vigo, Santiago y Lugo, que disponen de jueces de refuerzo casi permanentes ya que suprimirlos llevaría al colapso.
Es grave también la situación en A Coruña y la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza acordó en su última reunión, celebrada el pasado jueves, habilitar una comisión de servicios para reforzar los juzgados de lo social de la ciudad, concretamente los números 1, 2, 3 y 4, que tienen mucho retraso acumulado con casos urgentes, como por ejemplo, los despidos. Los abogados coruñeses aseguran que hace un año que alertaron de esta situación tan complicada, que «lejos de mejorar, ha empeorado aun más en los últimos meses».
Malos tiempos para lo social
Hace dos semanas tomó posesión el nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza, Luis Fernando de Castro. En su discurso reconoció que son «tiempos difíciles para la jurisdicción social, a la que algunos han calificado como la hermana pobre de la Justicia». De Castro, con 16 años de experiencia en esta misma jurisdicción, la defiende. Y la define como «una jurisdicción viva, que resuelve problemas actuales, importantes y decisivos en la vida de los ciudadanos; y que lo hace de manera rápida y directa, un aspecto que, en ocasiones, se ha visto desarbolado por el colapso padecido, y que se sigue padeciendo en este ámbito jurisdiccional».
Más de tres mil casos al mes
Los 28 juzgados de lo social de Galicia recibieron el año pasado 30.219 asuntos, una cifra ligeramente inferior a la del 2017, cuando en esos órganos ingresaron 31.242 casos. En esa cifra se incluyen los asuntos que entran en la Sala de lo Social del Tribunal Superior, casi 5.000 el año pasado, que fundamentalmente atiende recursos de suplicación frente a las resoluciones de los juzgados territoriales. La entrada de asuntos no se detiene. En los primeros nueve meses del año actual se han contabilizado más de 25.000 ingresos en los juzgados de lo social gallegos, algo más de 3.000 cada mes. Son «casos de índole cotidiana», como los definen los representantes de los colegios de abogados, que recuerdan que esos asuntos afectan a una gran parte de la ciudadanía y que los trabajadores inmersos en conflictos laborales tienen que esperar en algunos casos hasta cuatro años «para resolver situaciones que afectan a su trabajo y a su fuente de ingresos».
Las preocupaciones sobre los juzgados de lo social las asume también el presidente del Tribunal Superior de Galicia. Al presentar al nuevo responsable de la Sala de lo Social, compartió con él los objetivos de disminuir la elevada pendencia actual, conseguir una tasa de congestión pequeña y obtener un ciclo de resolución rápido. «Esas son exigencias indeclinables para un presidente», dice Castroverde, quien destaca la sobrecarga de los juzgados de lo social al señalar que los órganos de la jurisdicción social resuelven una media de 850 asuntos, cuando la carga máxima de trabajo que deberían afrontar es de 800, según los módulos que establece el Consejo General del Poder Judicial. Cada uno de esos juzgados recibió 934 casos el año pasado, una cantidad de asuntos, que el propio presidente del alto tribunal gallego califica de «claramente inasumible» y que hace que los tiempos de espera se disparen.
«La Justicia lenta no es Justicia»
«Una Justicia lenta no es Justicia, y esto es a lo que se tienen que enfrentar los ciudadanos que tienen que acudir a ella», indican fuentes del Colegio de Abogados de A Coruña, que señalan que a día de hoy se están recibiendo citaciones de juicios para el año 2023. Ante esos retrasos, afirman desde este órgano profesional, «la abogacía actúa como representante del ciudadano a la hora de acudir a la Justicia para la resolución de sus problemas y conflictos, pero, ¿cómo explican los abogados a sus clientes esta situación? ¿Cómo justifican que la respuesta a su reclamación tardará tantos años?».
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña se reunió con el presidente del Tribunal Superior para abordar la situación. Los abogados explican que Castroverde les indicó que entre los objetivos prioritarios de su mandato están la agilización de los juzgados especializados en cláusulas bancarias y la ampliación del refuerzo en los juzgados de lo social. Los abogados aseguran que «es imprescindible aliviar de modo inmediato esta saturación de los órganos judiciales, dado que algunos ciudadanos afectados se están planteando interponer reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia, solicitando indemnizaciones por retrasos injustificados que están generándoles perjuicios».
Tutela judicial para los litigios en el ámbito laboral
El ámbito laboral es el fundamental de los juzgados de lo social, que, entre otros asuntos, atienden litigios relacionados con despidos, impugnaciones de convenios laborales, reclamaciones de salarios y de antigüedad, derechos sindicales, demandas ante la Seguridad Social, jubilaciones, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, altas médicas e incapacidades.
Los asuntos urgentes tienen plazos de 5 a 8 meses
La situación es muy complicada en muchos juzgados de lo social de Galicia, pero las cuestiones consideradas urgentes se atienden con la máxima celeridad posible, ya que son temas que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos. Por ejemplo, en los juzgados de lo social de A Coruña hay una agenda de señalamientos específica para los asuntos que están calificados como urgentes, para los que se están gestionando citaciones con plazos que van de cinco a ocho meses, según informan fuentes judiciales. ¿Cuáles son esos casos urgentes? Pues en esa calificación entran asuntos como los despidos, las impugnaciones de altas médicas, los conflictos colectivos, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, o los litigios para demandar conciliaciones familiares y laborales.
Esos casos tienen máxima prioridad y, por supuesto, a los afectados nunca se les citará para dentro de cuatro años, como aseguran las mismas fuentes judiciales, que indican además que en el caso de A Coruña hay un órgano judicial de refuerzo al que cada uno de los juzgados de lo social de la ciudad le remiten de manera mensual veinte asuntos, diez de ellos urgentes y diez que no tienen esa calificación para así descongestionar el trabajo en los juzgados de origen.
Tramitación más rápida
En ese juzgado de refuerzo la tramitación de los asuntos del ámbito social es más rápida y los plazos de citación también son menores, tanto para los asuntos que están considerados urgentes como para los que no lo son. También van más rápidos los juzgados números 5 y 6 de lo social. Y la pasada semana el Tribunal Superior de Xustiza aprobó la nueva comisión de servicios para que otro juez de refuerzo se incorpore a mayores para apoyar a sus compañeros en los juzgados de lo social 1, 2, 3 y 4 de A Coruña, que son los que actualmente están teniendo los mayores retrasos.
Entre los asuntos que entran en los juzgados de lo social y que no tienen la consideración de urgentes están las reclamaciones de cantidades económicas o las impugnaciones de sanciones impuestas a trabajadores, así como algunos asuntos que están relacionados con demandas a la Seguridad Social.