El Sergas tendrá que pagar una operación de próstata hecha a un gallego en Francia

Se utilizó una técnica que no se practica en Galicia, pero sí en otras comunidades

Con un robot quirúrgico Da Vinci como este se realizó la intervención
Con un robot quirúrgico Da Vinci como este se realizó la intervención

Pontevedra / La voz

En abril del 2016 se le diagnosticó un cáncer de próstata. Consciente de los riesgos que conlleva la intervención quirúrgica -entre otras, una posible disfunción eréctil y riesgo de incontinencia urinaria-, este vecino de Santiago de 46 años decidió acogerse a los acuerdos de asistencia sanitaria transfronteriza para, de este modo, ser intervenido mediante una laparoscopia robotizada en una clínica privada de Burdeos (Francia). Se trata de una técnica que no se realiza en la sanidad pública gallega, pero que sí está entre las prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y, de hecho, es bastante habitual en otras comunidades autónomas.

Es por ello que, siguiendo el protocolo establecido para estos casos, el paciente solicitó autorización al Sergas para llevar a cabo esta intervención quirúrgica, solicitud que, según remarcó ayer el abogado del compostelano, José Fernando Area Torres, no fue contestada. El letrado pontevedrés incidió en que, en estos casos, se debe entender que se trata de un silencio administrativo positivo. Esto es, que lo que se solicita es concedido.

Es por ello que en agosto de ese mismo año, el paciente decidió reclamar los gastos de la intervención -algo más de 22.100 euros-, pero le fue desestimado por la Administración autonómica. En primera instancia, un juzgado de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Sergas, pero, sin embargo, el correspondiente recurso acaba de ser estimado por el TSXG, una sentencia que ha sido declarada firme.

De este modo, el Tribunal Superior ha condenado a la Xunta a abonar los 22.100 euros, más los intereses legales, al demandante.

En la resolución judicial se hace alusión al hecho de que «en nuestro país la resolución motivada que haya de dictar la Administración Sanitaria concediendo o denegando la autorización debe notificarse en un plazo máximo de 45 días». Asimismo, se añade que, una vez transcurrido este período de tiempo, «se podrá considerar estimada la solicitud por silencio administrativo».

Matiza que el hecho de que el paciente hubiese firmado el consentimiento informado y fuese intervenido no releva al Sergas «de su obligación de responder en tiempo y forma a la solicitud».

Sentencia pionera

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia remarca que este aspecto ya es suficiente para estimar la reclamación del demandante, pero en la resolución va un paso más allá. Es en este punto donde esta sentencia, pionera en todo el territorio nacional, puede tener una mayor consecuencia jurídica para otras personas que se encuentren en la misma situación que el santiagués. Y es que el alto tribunal gallego subraya que la propia Subdirección General de Planificación Sanitaria reconoce que la laparoscopia robotizada está recogida entre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y, asimismo, «en la cartera complementaria de la comunidad autónoma».

En este punto, el abogado Area Torres resalta que la operación realizada en Francia con el robot Da Vinci reduce sustancialmente los riesgos asociados a este tipo de operaciones de próstata, un aspecto que también asume el TSXG en su sentencia.

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