Galicia sigue sin poder utilizar el superávit del 2018 porque Hacienda aún no lo ha validado

La Xunta sostiene que cumple con los criterios que marca el ministerio, pero no tiene las cifras oficiales

La ministra de Hacienda, con el presidente de la Xunta, el pasado verano
La ministra de Hacienda, con el presidente de la Xunta, el pasado verano

la voz

Galicia cerró el 2018 con más ingresos que gastos en sus cuentas públicas. Fue, de hecho, una de las cinco únicas comunidades que lo consiguió, bien porque se apretó aún más el cinturón para ahorrar, bien porque mejoró sus ingresos (no se han detallado las cifras). El caso es que acabó el ejercicio con un superávit que el Ministerio de Hacienda estimó hace casi un mes en esos 104 millones (125 cree la Xunta). El dato lo ofreció la ministra María Jesús Montero en una comparecencia en la Moncloa en la que avanzó que, mediante un real decreto, las comunidades que hubieran cumplido con todos los parámetros de estabilidad financiera (déficit, deuda y período de pago a proveedores) podrían emplear su superávit para nuevas inversiones. Un cambio muy relevante porque hasta ahora ese remanente solo se podía utilizar para amortizar deuda, no para nuevos gastos de ningún tipo. El Gobierno gallego llevaba semanas presionando para poder llevar a cabo esa modificación, hasta que Madrid decidió mover ficha.

Pero ese cambio, aprobado por el Congreso con el voto en contra del PP (curiosamente, el partido de Feijoo), no tiene aún consecuencias prácticas. Galicia no puede disponer de esos fondos porque el Ministerio de Hacienda no ha hecho oficiales los datos de cumplimiento. El año pasado, el 13 de abril ya figuraban en la web del ministerio, tras recibir luz verde del Consejo de Ministros. «Este informe do Ministerio de Facenda é a única forma de certificar que se cumpre a regra de gasto, que é un dos requisitos de obrigado cumprimento para poder reinvestir o superávit», explican fuentes de la Consellería de Facenda. «Cos datos xa publicados sobre débeda, déficit e período medio de pago, Galicia xa ten constancia de que eses requisitos están cumpridos, pero non ten ningunha certeza respecto á regra de gasto máis aló dos cálculos propios», añaden.

En el último Consejo de Ministros, el de este pasado miércoles, tampoco consta que se diera luz verde a ese documento. «O retraso na publicación deste informe non só implica un retraso para ás comunidades que poden reinvestir o superávit, senón que tamén implica un retraso para as que teñen que aprobar un plan económico-financeiro por incumprir algún dos obxectivos de estabilidade», apuntan desde Facenda.

La Xunta cuenta con dedicar a sanidad y servicios sociales esos 104 millones de remanente del año pasado, aunque aún no ha determinado a qué irán en concreto. El Gobierno central ya ha dejado claro que no se puede destinar a gasto corriente, como pago de nóminas, sino a inversiones financieramente sostenibles, como, por ejemplo, nuevas dotaciones.

Junto a la utilización del superávit, Galicia reclama otras deudas pendientes a Hacienda. Principalmente, la mensualidad pendiente del IVA del 2017, que aún no se ha entregado, y que conlleva otros 200 millones.

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