El caso Alvia fuerza otra reprimenda de la UE por la seguridad ferroviaria española

La Comisión abre un expediente de infracción que cuestiona los métodos de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y, de nuevo, el modelo para investigar accidentes como el de Angrois

La comisaria Violeta Bulc, cuando se reunió con el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Fue entonces cuando anunció una auditoría sobre la seguridad ferroviaria española
La comisaria Violeta Bulc, cuando se reunió con el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Fue entonces cuando anunció una auditoría sobre la seguridad ferroviaria española

redacción / La Voz

El recorrido del accidente ferroviario de Santiago en las instituciones europeas continúa, situando al Gobierno de España en una difícil situación en lo que respecta a la gestión de la seguridad. Tras el duro informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, siglas en inglés) en el que se cuestionaba de plano la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la hora de elaborar su informe sobre Angrois, la Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción normativa a España, al considerar que su modelo de seguridad «no cumple los requerimientos de la legislación comunitaria» en esta materia, según se especifica en un breve comunicado de la Comisión. El origen de esta nueva intervención hay que rastrearla en las denuncias presentadas en Bruselas por la plataforma de víctimas del Alvia y por la eurodiputada del BNG Ana Miranda.

En este mismo comunicado se detalla que, tras la auditoría realizada por la ERA entre el 2017 y el 2018, se han constatado una serie de «deficiencias» en el método para investigar accidentes y «en las técnicas de supervisión» de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Este nuevo toque de atención surge sin duda alguna de la cuestionada gestión gubernamental del accidente de Angrois, aunque ahora se centra en la totalidad del sistema de supervisión de la seguridad ferroviaria.

El proceso se inicia con una carta de apercibimiento que la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc -que se reunió el año pasado con las víctimas del Alvia-, ha remitido al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que se relatan todos los incumplimientos de las directivas comunitarias en materia de ferrocarriles, así como los retrasos en su aplicación. España tiene ahora dos meses para responder a esta amonestación de la UE. Si no lo hace, la Comisión puede emitir una opinión razonada que activaría el protocolo para obligar a la autoridad ferroviaria española a cumplir con las normas europeas, normalmente a través del Tribunal de Estrasburgo. Es por tanto un primer paso, pero que cuestiona aspectos cruciales de la gestión de la seguridad.

El Ministerio de Fomento salió al paso de la decisión insistiendo en que el sistema ferroviario español es «seguro» y que no está siendo «puesto en duda por ningún organismo nacional o internacional». «La Comisión cuestiona la adaptación a una normativa compleja con problemas de implantación en todos los países miembros. El Estado español cuenta ahora con dos meses para demostrar que cumple con la normativa», precisó un portavoz del ministerio. Aseguran que desde el cambio de Gobierno «se estableció una línea de diálogo fluido con la Comisión». Así, el ministro se reunió con Violeta Bulc al poco tiempo de llegar a Fomento y, en noviembre, le presentaron un avance del plan de seguridad en el transporte que en unas semanas se llevará al Consejo de Ministros. Pero ni siquiera esta reunión sirvió para parar el expediente.

El plan que prepara Fomento consiste en «fortalecer» la independencia y el funcionamiento de las comisiones de investigación de accidentes e implementar acciones de refuerzo de las estructuras de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Por otra parte, la eurodiputada del BNG Ana Miranda aseguró que la Comisión «dálle a razón ao BNG tras o seu longo e intenso traballo desenvolvido en Europa no obxectivo de buscar da verdade e da xustiza para as vítimas». Miranda recordó que su denuncia en las instituciones europeas se basaba en la ausencia de evaluación de riesgos en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, donde se produjo el accidente del Alvia, que provocó 80 muertos y 144 heridos. Aparte de las denuncias, la eurodiputada gallega mantuvo en estos últimos años un contacto permanente con los responsables de Transporte de la UE.

«Nuestro análisis evalúa la situación ahora, no en el momento del accidente [de Angrois]», señaló el portavoz de Transporte de la CE, Enrico Brivio, intentando desvincular el procedimiento de infracción del siniestro. Pero parece evidente que si no se cumplen las normas comunitarias ahora tampoco se cumplían entonces.«Nuestro objetivo no es seguir adelante con el procedimiento de infracción, sino que los Estados miembros cumplan. Estamos dispuestos a ayudarles», añadió.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, comparecerá en el Congreso, a petición propia, «para dar información cumplida sobre la situación y actuaciones previstas para la mejora de la seguridad ferroviaria». En Marea, en cambio, pretende que sea Ábalos el que rinda cuentas.

Mientras, la plataforma de víctimas del Alvia celebró la decisión de Bruselas y pedirá una nueva reunión con el ministro de Fomento, con el objetivo de que la CIAF reinicie la investigación, como pidió la UE, «o si no, que los cesen», dice Jesús Domínguez.. Creen que el expediente abierto demuestra la responsabilidad de los últimos ministros de Fomento -se refieren en concreto a José Blanco y Ana Pastor- en la gestión de la seguridad en los ferrocarriles españoles.

 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que las decisiones referentes a la seguridad ferroviaria corresponden al ministerio,por lo que «alguén terá que responder» si las supervisiones no se llevaron a cabo con «dilixencia».

 Refuerzos en 23 puentes de la línea Monforte-Ourense

El ADIF acaba de licitar un contrato para reforzar y reparar 23 puentes en el tramo entre Monforte y Ourense de la línea ferroviaria convencional que va desde la villa monfortina hasta Vigo. En los pliegos de licitación se explica que estas actuaciones van dirigidas a evitar «la aparición o progresión de daños que conlleven pérdidas parciales o generales de la funcionalidad y capacidad resistente de las obras, así como mejorar las condiciones de conservación y durabilidad de las estructuras». El presupuesto para este proyecto es de 1,5 millones de euros.

En este tramo existen 48 puentes, por lo que precisan reparaciones cerca de la mitad, lo que da una idea de la situación de conservación de esta línea. El propio Ministerio de Fomento mostró recientemente su preocupación por su estado.

De hecho, este contrato se suma a las actuaciones que están ya en marcha para la supresión de 36 pasos a nivel, así como la electrificación del tramo entre Monforte y Lugo, cuyo proyecto está en fase de redacción. Todas estas medidas se enmarcan en la mejora general de la línea con el objetivo de acercar los servicios de alta velocidad a Lugo. Para ello, en abril del año pasado se abrió a la circulación la variante de A Pobra de San Xiao.

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