Galicia exige el mismo techo competencial que se negocie con Cataluña y el País Vasco

El PPdeG secunda la reivindicación del BNG y marca distancias con la línea de Pablo Casado


Santiago / La Voz

Poco ha tardado Galicia en reaccionar al peaje que se propone cobrar el PNV a cambio de su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Dicho respaldo depende de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asuma una agenda de 33 nuevos traspasos competenciales al País Vasco, entre los que se incluyen la gestión de las prisiones, y desde la Moncloa están dispuestos a negociar. Atento a este movimiento, el PPdeG replicó desde el Parlamento gallego impulsando un acuerdo unánime para reclamar a Madrid que convoque la Comisión Mixta de Transferencias con el fin de que Galicia alcance también el tope de competencias de su autogobierno.

El acuerdo parlamentario se plasmó en la comisión institucional, mediante una enmienda introducida por los populares a una iniciativa del BNG en la que se llamaba a desarrollar la ley reguladora de la policía de Galicia con la intención de asumir a medio plazo las competencias en materia de tráfico y seguridad vial. Es algo que intentó llevar a cabo el bipartito de Touriño en el 2008 y a lo que Madrid acabó cortándole las alas.

La enmienda popular fue secundada por todos los grupos del Parlamento El BNG reactiva ahora la demanda y, lo más llamativo es que recibió el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluido el PSOE, que gobierna en Madrid, pero no el del PP, que optó por reorientar la demanda a través de una enmienda en la que reclamaba la reunión de la comisión mixta no solo para negociar los traspasos pendientes a Galicia, sino también «aquelas novas que o Goberno galego considere convenientes, contemplando todas aquelas que xa foron transferidas ou se están negociando con outras comunidades autónomas».

Tras la llegada de Feijoo a la presidencia de la Xunta, su Gobierno definió un paquete de 17 ámbitos competenciales para negociar con el Estado. Entre ellos estaban la titularidad de las autopistas AP-9 y AP-53, así como el control sobre las cuencas hidrográficas, los servicios de meteorología o la ordenación pesquera y del dominio público marítimo-terrestre.

La diputada popular Paula Prado recordó que en el programa con el que el PP concurrió en las autonómicas del 2016 se hablaba de reactivar los traspasos, una vez que se superó lo peor de la crisis, y entre esas materias aludió a la inspección del trabajo y los órganos de cogestión en materia de puertos y aeropuertos.

Cláusula Camps

Y a mayores está el acuerdo refrendado ayer por todas las fuerzas políticas del Parlamento, que es una especie de cláusula Camps -el artículo introducido por la Comunidad Valenciana en su Estatuto para reclamar todo lo que obtuviera Cataluña en la renegociación del suyo-, pues el propósito de Galicia es el mismo: reclamar el traspaso que se les pueda conceder a los territorios con más competencias, que son el País Vasco o Cataluña.

Prado fue la encargada de escenificar durante el debate este viraje del PP, dirigido a aprovechar cualquier resquicio de autonomismo que se pueda abrir en un período marcado por la recentralización competencial en el Estado. «Queremos negociar todas as competencias pendentes», manifestó la parlamentaria conservadora, lo que no impidió que la oposición, especialmente En Marea y el BNG, afearan su actitud dando a entender que es como si el PP de Feijoo se cayera de repente de un guindo, pues en la década que lleva al frente de la Xunta obtuvo «cero patatero en competencias», señaló el nacionalista Luís Bará, en línea con lo expuesto por Julia Torregrosa, de En Marea.

La maniobra realizada por los populares ayer en el Parlamento tiene todavía más calado. No se limita a corregir el comportamiento mantenido desde la Xunta en los últimos nueve años en torno a las competencias ni tampoco se ciñe a cuestionar de forma preventiva las cesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez puede hacer al País Vasco para obtener el apoyo del PNV a sus cuentas. El gesto de los de Feijoo al apretar el botón también marca distancias con la línea establecida por Pablo Casado al frente del partido en España, línea que apuesta de forma más decidida por la recentralización de las competencias, cuestión por otra parte esencial para el entendimiento con la ultraderecha de Vox.

Está por ver a dónde conduce ahora la reivindicación plasmada ayer en el diario de sesiones de la Cámara de O Hórreo por el consenso de todos los grupos políticos para que Galicia se mantenga como una autonomía de primera, al nivel de Cataluña y el País Vasco. Y también está por ver cuánto dura el consenso en torno al órdago enviado a Pedro Sánchez desde Santiago.

PAULA PRADO (pp)

«Non podemos permitir unha nova marxinación»

La popular Paula Prado defendió la posición de su grupo sobre el desarrollo del autogobierno, que insistió en vincular con la negociación de los presupuestos del Estado que considera discriminatorios para Galicia. Puso de relieve que «non podemos permitir que, logo de que xa fomos prexudicados polos orzamentos da aldraxe, por enriba teñamos que sufrir unha marxinación maior en materia de competencias», tras evocar que el Gobierno central está dispuesto a negociar 33 nuevos traspasos al País Vasco. «Seguimos considerando importante a transferencia de competencias a Galicia», insistió Prado, reclamando la convocatoria de la comisión mixta.

JULIA torregrosa (En Marea)

«Só co desaloxo do PP é posible traspasar a AP-9»

La diputada Julia Torregrosa (Podemos) fue la encargada de definir la posición de En Marea en el debate competencial y empezó diciendo que, en este apartado, hubo «cero competencias a Galicia dende o ano 2008», algo de lo que responsabilizó al Gobierno de Feijoo y al PP en Madrid. De hecho, puso de relieve que «só co desaloxo do PP corrupto do Goberno» fue posible abordar el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia. Recordó también que el pasado noviembre, al hilo del traspaso de la competencia de tráfico a Navarra, En Marea solicitó lo mismo para Galicia y pidió que la Xunta desarrolle para ello la ley sobre la policía de Galicia.

patricia vilán (psoe)

«Á hora da verdade, o PP non quere competencias»

La diputada Patricia Vilán, del PSdeG, partido que gobernaba con el BNG la Xunta cuando se aprobó la ley para crear la policía de Galicia con el fin de asumir las competencias en materia de tráfico, apoyó ayer la demanda de los nacionalistas de reactivar tanto el cuerpo policial propio como la petición del traspaso del tráfico. También apoyó la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, aunque dijo que era una propuesta del PP «para botar balóns fóra, igual que fixo coa AP-9», pues podía desarrollar ámbitos competenciales sin que lo diga Madrid. «Podíamos debater sobre o tráfico agora mesmo, pero á hora da verdade, o PP non quere competencias», reprochó.  

luís bará (BNG)

«Pedimos o de Cataluña e Euskadi e asinamos»

El BNG no tuvo inconveniente alguno en asumir la agenda autonomista planteada por el PP. Luís Bará dijo sobre las competencias que «se pedimos as mesmas que consigan Cataluña e Euskadi, asinamos debaixo». Así que dicho y hecho, y al texto inicial se acabó añadiendo una coletilla, una especie de cláusula Camps, para reclamar para Galicia cualquier avance en materia de autogobierno que pueda lograr otro territorio. Eso sí, Bará censuró que el PP «fale agora de aldraxe no Estado cando antes aplaudía coas orellas». Abundó que las mismas cesiones al País Vasco se produjeron con el Gobierno de Mariano Rajoy para poder aprobar los presupuestos.

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