¿Por qué el Estado paga regatas en Valencia y no puertos en Galicia?

El Ejecutivo justifica que se condonen 350 millones en Valencia porque la obra para la Copa América la hizo un consorcio

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A Coruña / La voz

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de pagar 350 millones para liquidar la deuda del Consorcio Valencia 2007, a cambio del apoyo de la Generalitat para ampliar el techo de gasto, ha desencadenado una ola de exigencias para que el Ejecutivo haga lo mismo con la deuda de las autoridades portuarias gallegas. 

¿De dónde procede la deuda de Valencia?

El Consorcio Valencia 2007 fue creado para organizar la Copa América de aquel año. Estaba participado en un 40 % por el Estado, un 40 % por la Generalitat y un 20 % por el Ayuntamiento de Valencia. Solicitó un crédito al ICO de 310 millones de euros con el fin de adaptar el puerto a las necesidades de la regata.

El Consejo de Ministros aprobó en el 2013 la cesión de la dársena al consorcio. La concesión para su gestión y explotación fue gratuita y por un plazo de 35 años. Con su millón de metros cuadrados, la marina valenciana tiene hoy 71 concesiones y autorizaciones. La deuda contraída por el consorcio tras esas operaciones asciende a 350 millones, 31 de ellos de intereses. 

¿Por qué se endeudaron los puertos gallegos?

La Autoridad Portuaria de A Coruña es la más endeudada de Galicia. Sus obligaciones superan los 300 millones de euros y derivan de la construcción del puerto exterior de punta Langosteira. Esa dársena se proyectó y construyó tras desastres como el del Mar Egeo o el Prestige, cuyo hundimiento en el 2002 desencadenó una marea negra que asoló la costa gallega, y puntos de la del resto de España y Francia. Además de actuar como posible refugio, el objetivo principal de la infraestructura es evitar a los barcos, muchos con carga peligrosa, la complicada maniobra de entrada en el puerto de A Coruña.

La segunda deuda más elevada corresponde a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que debe 40 millones tras la construcción de la dársena exterior de Caneliñas, a la salida de su ría. 

¿Cómo está previsto pagar las obligaciones?

En el caso de Valencia, el Estado ha asumido la totalidad de los 350 millones de deuda, incluyendo las partes que corresponderían a la Generalitat -gobernada por los socialistas apoyados por Compromís- y del Ayuntamiento -liderado por Compromís con respaldo del PSOE-.

Mientras tanto, los puertos gallegos tendrán que pagar la deuda por sus propios medios. En el caso de A Coruña está previsto sufragar la mayor parte mediante la urbanización de los muelles interiores, que irán quedando desafectados en los próximos años. Esa operación, prevista en los convenios firmados por los socialistas en el 2004, ha recibido críticas de partidos como Marea Atlántica o el BNG, que exigen que toda esa zona continúe siendo de titularidad pública. 

¿Por qué el Estado asume una deuda y no las otras?

La Delegación del Gobierno en Galicia ha señalado que en Valencia se están financiando «unas infraestructuras que se hallan en terrenos del puerto de Valencia pero que no pertenecen a la Autoridad Portuaria», que sí tendrá que hacer frente a otras obras realizadas en los últimos años. Además, la Delegación señala que las infraestructuras en Valencia «se financiaron a través de un consorcio», una figura que no se ha utilizado en los casos de Langosteira o Caneliñas.

Otro motivo para la negativa sería la generalización de ese sistema. Tocó ayer esa baza el vicesecretario del PSdeG, Pablo Arangüena, al señalar que si fuese así «todos construirían un puerto exterior y que lo pagase el Estado». 

¿Qué sostienen los demás partidos?

El PP reclamó ayer que el Estado aborde la deuda de todos los puertos gallegos. En el caso de punta Langosteira, también Marea Atlántica y BNG exigen que se condonen las obligaciones de la Autoridad Portuaria. Los tres partidos dicen que hay vías legales para que el Estado asuma la deuda. 

¿Qué dice la Ley de Puertos?

El artículo 156 dice que «el régimen económico de los puertos de titularidad estatal deberá responder al principio de autosuficiencia económica», lo que se ha interpretado como un límite para las aportaciones económicas del Estado.

Sin embargo, el artículo 160 plantea que «excepcionalmente», cuando una Autoridad Portuaria «no pueda cubrir necesidades financieras» por «causas sobrevenidas o disfuncionalidades derivadas de la gestión», Puertos del Estado «podrá intervenir, mediante cualquier medio» en la financiación de esa entidad. Bastaría una resolución que «habrá de ser adoptada por su consejo rector a iniciativa de su presidente», afirma la citada normativa legal. 

¿Qué mecanismos hay para paliar la deuda de los puertos de Galicia?

Las vías alternativas ya se están explorando, aunque aún no se ha optado por ninguna. En el caso de A Coruña, la Xunta ya puso sobre la mesa la posibilidad de pagar 20 millones de euros a la Autoridad Portuaria con el fin de administrar parte de los antiguos muelles.

La compra de los terrenos por otras Administraciones permitiría al Puerto liquidar sus obligaciones mientras se mantiene la titularidad pública de la dársena coruñesa.

Otra posibilidad es crear un ente público, un consorcio como proponen Marea Atlántica y PSOE, o una empresa pública como plantea el PP. Esa entidad se haría cargo de los muelles coruñeses y de la deuda de Langosteira, o solo de los muelles, y se comprometería a pagar una cantidad suficiente al Puerto año tras año para que pudiese pagar sus obligaciones. Esa operación podría hacerse a través del Estado, al que se permutaría el préstamo por los terrenos, que a continuación cedería a la mencionada entidad pública.

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