«Claro que lo pasamos mal. Si los asuntos no avanzan, no cobramos»

Arrecian las críticas de abogados y procuradores por la huelga en la Justicia

Mientras la huelga continúa, los funcionarios expresaron ayer sus quejar recorriendo la muralla de Lugo
Mientras la huelga continúa, los funcionarios expresaron ayer sus quejar recorriendo la muralla de Lugo

redacción / la voz

Hoy se cumplen dos meses de la huelga en la Justicia y las consecuencias son cada vez más visibles. Miles de juicios suspendidos, trámites paralizados, indemnizaciones pendientes de cobro y retrasos múltiples son daños que están percibiendo los ciudadanos. Pero también los profesionales del derecho se ven perjudicados. Abogados y procuradores están viendo mermada su economía. Y la cosa puede ir a peor si Xunta y funcionarios no alcanzan un acuerdo cuanto antes. Victoria Picatoste, presidenta de Avogados Novos, es muy explícita: «Evidentemente, la huelga está afectando al colectivo y, como siempre, los abogados más jóvenes somos, por razones obvias, los más afectados. Pero, claro, la situación dependerá de las circunstancias de cada uno en particular».

Esther Lora, otra joven abogada, es rotunda: «Sí, claro que lo estamos pasando mal. Nos afecta, pero aguantamos por solidaridad con los funcionarios. Normalmente cobramos cuando los asuntos van avanzando. Si los asuntos no avanzan, no cobramos». La veterana letrada Fina Barreiro considera: «A todos nos influye la huelga: si el juzgado está paralizado; implica que los procedimientos no se tramitan y, al no resolverse los pleitos, los abogados y procuradores no cobramos los asuntos en su totalidad, y como la mayoría somos trabajadores autónomos, si no podemos trabajar, no cobramos».

Otro sector afectado por este paro es el de las funerarias, especialmente por la reducción de jornada y la suspensión de la actividad los sábados por la mañana. El caso de un traslado a otra comunidad puede sufrir un retraso de muchas horas, si, como ya ha ocurrido, el empleado de la empresa de servicios fúnebres trata de obtener la documentación a primera hora de la tarde.

La Xunta quiere negociar, pero sobre la base de la oferta realizada a los sindicatos Y mientras los ciudadanos y el sector que mueve la Justicia en Galicia sufren las consecuencias de una larga huelga, a la espera de que pase la manifestación convocada para hoy en Santiago, las partes negociadoras dan pequeños destellos de esperanza. La Xunta accedió a mantener ayer un encuentro con los directivos del Consello Galego da Avogacía, órgano con el que también mantuvieron contactos los sindicatos esta misma semana. La intención de estos es que exista una mediación para intentar dinamizar unas negociaciones que parecen estar estancadas. Pero esa mediación no va existir, como dejó claro la Consellería de Xustiza desde un principio. Sin embargo, el encuentro entre Alfonso Rueda y los representantes de los abogados gallegos sí tuvo algo de positivo, ya que la Administración mostró su disposición a examinar nuevas posibilidades y a elaborar una nueva propuesta, aunque las fuentes consultadas matizaron que tendrá que ser «dentro do escenario legal e económico» marcado por la última oferta.

«No va a ser por un euro»

¿Qué quiere decir Xustiza al hablar de negociar sin aumentar las prestaciones económicas? La Xunta cree que con su última oferta, conocida el 26 de marzo, ha llegado al límite de su capacidad de incremento salarial, aunque todavía ve margen para poder mover partidas de un cuerpo laboral a otro para tratar de igualar más las subidas o para alterar el calendario de pagos previsto hasta el 2020. Eso siempre sin pasarse del montante global que ya han alcanzado (entre 135 y 108 euros mensuales), aunque fuentes de la consellería han admitido que estas alturas el «problema no va a ser por un euro arriba, un euro abajo». La brecha, en cambio, es bastante más grande, porque, mientras no se vuelvan a sentar, las centrales insisten en cobrar aumentos de 180 euros mensuales para todas las categorías profesionales.

Mientras el conflicto sigue enquistado en Galicia, los sindicatos de la Administración de Justicia dependientes del Estado anuncian movilizaciones la próxima semana para reclamar la equiparación salarial con el resto del personal que trabaja en comunidades con competencias transferidas y por unas condiciones de trabajo dignas. En dicha situación están Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, además del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y los institutos nacionales de toxicología de Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife.

Con información de Juan Capeáns, E. V. Pita y Pepe Seoane.

Dos meses de paro, sin acercamiento y con problemas por los servicios mínimos

Los funcionarios quieren celebrar los dos meses de huelga con una nueva demostración de resistencia y fuerza, y para ello han movilizado a los compañeros para volver a hacer ruido en las calles de Santiago. No se puede esperar un colapso de las calles y las plazas de la capital como en otras convocatorias, ya que el número de empleados en Galicia no llega a los tres mil, pero repetir las sensaciones de la primera convocatoria de finales de febrero se consideraría un éxito para los convocantes, SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.

La convocatoria de esta movilización provocó que esta semana haya pasado sin acercamientos y sin siquiera llamadas entre las partes para sentarse. De hecho, Xunta y sindicatos se han vuelto a enredar con los servicios mínimos, ya que las centrales consideran que se han endurecido tras la última reunión de la Comisión Mixta de Xustiza. Aseguran que este incremento se ha producido a través de una instrucción que no tiene validez. Sin embargo, la vigilancia de los servicios mínimos, especialmente en todo lo referido a los registros civiles de los juzgados, ha provocado más de una veintena de quejas ciudadanas que están camino de convertirse en expedientes disciplinarios.

Seguimiento dispar

Lo que tampoco cambia en el conflicto es la enorme brecha de información en torno al seguimiento real de la huelga. Los sindicatos ofrecieron unas cifras de la jornada de ayer que se instalan como siempre en el 80 %, mientras que la Xunta lo rebaja al 31,3 %. Con una u otra referencia, la sensación es que la provincia de Pontevedra sigue siendo la más combativa.

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