Rueda asegura que no cambiará a los interlocutores de la Xunta, como exigen los sindicatos para volver a negociar
26 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Decía el presidente del Tribunal Superior que dos semanas de huelga en la Justicia es mucho tiempo. Pues Galicia afronta desde hoy la tercera semana sin perspectivas de solución al conflicto que mantiene bloqueada la actividad en la práctica totalidad de los juzgados y registros civiles. La situación es caótica. «No se mueve un papel», aseguraba el viernes un procurador, que recordaba que en la Justicia sin notificaciones nada funciona. No se comunican ni las muertes. Según datos de los propios sindicatos, en Galicia hay ahora 1.500 fallecidos que siguen oficialmente vivos para la Seguridad Social y para Hacienda porque desde los registros civiles no se completaron los trámites necesarios al no estar incluido ese trabajo dentro de los servicios mínimos fijados para la huelga. Pero hay otros miles de trámites que están paralizados y que mantienen a los ciudadanos pendientes de indemnizaciones económicas concedidas en sentencias, o de documentos que acreditan la incapacidad de una persona, y otros trámites como matrimonios o nacimientos.
Dos semanas era demasiado tiempo. Miguel Ángel Cadenas auguraba una recuperación problemática de la actividad ordinaria de la Justicia, ya habitualmente lastrada por grandes retrasos. Esas consecuencias a la larga son las que más preocupan ahora. Hay juicios que ya se están aplazando para el 2019 y causas en marcha que se pueden ver alteradas si no se llega a un acuerdo rápido. Los sindicatos calculan que cada semana de paro supone un año de retraso para la Justicia gallega.
El conflicto no parece que vaya a tener un final próximo. Las posturas están más enfrentadas que nunca. Los sindicatos rompieron las negociaciones la pasada semana y no volverán a sentarse en la mesa si está presente el director xeral de Función Pública, al que acusan de entorpecer las negociaciones. Pero la Xunta asegura que no va a ceder a esa imposición. Ayer mismo, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que espera que los sindicatos regresen a las negociaciones, que tendrán que ser con los mismos interlocutores, es decir que por parte de la Xunta continuarán los directores xerais de Xustiza y de Función Pública. Rueda dijo en la Ser que espera que el conflicto concluya cuanto antes, por el bien de la Justicia y por el bien de los ciudadanos, «que todos los días están tomados como rehenes porque necesitan los servicios de la Justicia y no se les están prestando».
Los ciudadanos están sufriendo un grave daño debido a una situación que se está alargando en el tiempo. Todos los operadores jurídicos reclaman el desbloqueo de las negociaciones para que el colapso no se incremente. Jueces, abogados y procuradores han alzado la voz para pedir el fin de esta huelga, que comenzó el pasado día 7 de febrero, tanto por los problemas que están teniendo como por los que se presenten en el futuro cuando haya que recuperar el tiempo perdido.
El bloqueo es casi total y hay sectores que reclaman una intervención en el conflicto del Ministerio de Justicia, que se escuda en que las competencias en esta materia están transferidas a la Xunta. El PSOE presentó varias iniciativas en el Congreso para pedirle al Gobierno central que se implique ante la paralización de la Justicia en Galicia, «porque se está cercenando el derecho a la tutela judicial efectiva».
Los funcionarios perderán este mes entre 700 y 1.000 euros de sueldo
Cada día de huelga supone para el funcionario que la secunde una pérdida de entre 60 y 80 euros al día, según información de los sindicatos recogida por Efe. Según las mismas fuentes, los funcionarios de Xustiza que hayan hecho huelga todos los días, desde el 7 de febrero, cobrarán este mes entre 700 y 1.000 euros menos de sueldo, en función de las categorías y los puestos de trabajo. No son los únicos que salen perdiendo dinero. Los procuradores y los abogados dependen de la actividad en los juzgados y la suspensión de juicios les suponen retrasos en el cobro de sus minutas.