El empresario de Pontedeume que importó áridos tóxicos acaba condenado a seis meses de prisión

Carmela López
carmela lópez FERROL / LA VOZ

GALICIA

ANGEL MANSO

El delito descubierto en Ferrol derivó en la dimisión de un diputado del PP en el 2011

03 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El empresario de Pontedeume Fermín Duarte Rodríguez firmó ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol la aceptación de una sentencia de conformidad por la que se le condena a seis meses de prisión y al abono de 3.000 euros de multa, tras reconocerse autor de un delito contra el medio ambiente. También tendrá que retirar 140.000 metros cúbicos de material contaminante que están depositados en el municipio de Cabanas y queda pendiente de resolver si es su empresa, Manmer, o el grupo Transmediterránea de Construcción la que tiene que hacer lo propio con el acopio de otros 157.500 metros cúbicos que permanecen desde el 2011 en el puerto exterior de Ferrol.

Con esta sentencia se cierra el mediático caso de los áridos contaminantes procedentes de Holanda y que entraron en Galicia por el puerto ferrolano en 35 buques entre el 2009 y el 2010. Esos áridos se emplearon en asfaltados de carreteras de la comarca.

Imputación y dimisión

La relevancia que el tema adquirió no fue debida solamente al impacto social causado por la utilización de materiales con componentes cancerígenos en lugares transitados por la población y su acopio al lado de cauces fluviales, sino que lo que más llamó la atención fue al delito medioambiental pudiese ir aparejado de otro de cohecho y tráfico de influencias, por el que se investigó e imputó al entonces diputado del PP Javier Escribano. Las investigaciones policiales apuntaron a la posibilidad de que el empresario Duarte le hubiese regalado al político un Porsche a cambio de favores en la colocación de los áridos contaminantes. Sin embargo, el asunto se zanjó con el sobreseimiento de la causa por cohecho y tráfico de influencias contra Escribano, que ya no era diputado, pues se había visto obligado a dimitir al conocerse su imputación.

El magistrado Alejandro Morán Llordén, a cargo en esa época del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, fue quien dirigió las investigaciones del sumario de los áridos contaminantes.

Al aparecer indicios de cohecho en la persona del aforado Javier Escribano, el juez ferrolano, que ya había autorizado escuchas telefónicas, remitió esa parte de las diligencias al Tribunal Superior de Xustiza, que autorizó de nuevo la intervención del teléfono del político. Los informes policiales revelaban conversaciones entre Duarte y Escribano que, en opinión de los investigadores, tenían una estrategia en común para dar salida al material a través de la Xunta. Los pinchazos telefónicos apuntaban, también, a que el diputado había aceptado el Porsche a cambio de supuestas gestiones en la Xunta.

En un momento dado se sospechó que Javier Escribano estaba al tanto de las investigaciones, y su renuncia al escaño en el Parlamento de Galicia paralizó las investigaciones y el interrogatorio que tenía previsto realizarle la Fiscalía del Tribunal Superior.

El asunto volvió al juzgado de Ferrol, y Morán Llordén resolvió el archivo del caso del Porsche en abril del 2014, por falta de indicios suficientes de responsabilidad penal. Javier Escribano quedó libre de cargos. Hace cinco meses intentó recuperar responsabilidades en el PP y se enfrentó a Beatriz Mato por la presidencia del partido en A Coruña, pero no logró presentar los avales necesarios.

La importación de los áridos

Tras el archivo del caso del Porsche, las diligencias judiciales se centraron en la importación de los áridos contaminantes y en el empresario eumés. Se descubrió que el material, que procedía del fresado de las capas de aglomerado de carreteras de Holanda, era suministrado a Fermín Duarte por la mercantil Holding Transmediterránea de Construcciones.

Para la valorización medioambiental del producto tendría que haber sido sometido a elevadas temperaturas a fin de eliminar los compuestos contaminantes, pero no se hizo, por lo que, una vez analizado, se comprobó que contenía hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales son cancerígenos y otros probablemente cancerígenos.

La investigación a Javier Escribano se cerró por falta de indicios suficientes

El juez que instruyó las diligencias del caso, Alejandro Morán Llordén, argumentó en su auto de sobreseimiento que, «tras la profunda investigación», la conclusión es que «no se han obtenido suficientes indicios racionales de criminalidad como para afrontar una fase de enjuiciamiento». No obstante, añadía que «existe bastante oscuridad en lo sucedido como para que queden muchas dudas», y, en esos casos, el beneficio es para el reo. El magistrado Morán Llordén también consideró que no hubo tráfico de influencias y que, en todo caso, las posibles gestiones no produjeron efecto alguno. El exdiputado había presentado documentación para tratar de acreditar que el Porsche lo había comprado en abril del 2011 por un precio de 10.360 euros más impuestos.