Xunta, patronal y sindicatos se reúnen hoy para ver si es posible evitar la huelga
16 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Si la reunión tripartita de hoy entre la Xunta, la patronal y los sindicatos del transporte no surte efecto, Galicia se verá abocada a un conflicto laboral-empresarial en los autobuses de línea de consecuencias imprevisibles, con paros indefinidos todos los martes y los miércoles a partir del día 20.
¿Cuál es el origen del problema?
La causa de que haya que implantar la primera fase del nuevo plan de transporte en agosto, por el momento con la oposición de sindicatos y patronal, hay que buscarla en la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2016, que anuló el intento de la Xunta para prorrogar automáticamente 129 concesiones (el 89 % de los contratos) durante 10 años a cambio de que la patronal modernizara su flota de autobuses. Esta decisión, formalizada en febrero del 2010 tras su tramitación parlamentaria a finales del 2009, no tenía en cuenta una directiva comunitaria de enero de ese año que prohibía superar los diez años en las concesiones.
¿Cómo se complicó esta situación?
La Xunta aprobó una ley para mantener los servicios caducados hasta diciembre del 2019, que es cuando se producirá la reorganización total de las concesiones. Las empresas podían renunciar, y lo hicieron en bloque, al considerar que muchas de sus concesiones ya no eran rentables por el declive demográfico en las zonas rurales. No obstante, quedaban obligadas a prestar el servicio hasta agosto del 2017. Estas renuncias masivas, recordaba ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, obligaron a la Xunta a activar un plan provisional para cubrir las áreas que las empresas dejaron desasistidas durante dos años, hasta que se implemente el plan definitivo. Esta primera fase del plan es rechazada tanto por la patronal como por los sindicatos. Pero la Consellería de Infraestruturas recuerda que fueron las renuncias en bloque -la mitad de los contratos en vigor, 578 líneas en total- las que les obligaron a reorganizar antes de tiempo el mapa de rutas de buses.
¿Cuáles son las características de ese plan?
La Xunta aplica en esta primera fase la filosofía del plan definitivo que empezará a aplicarse en el 2020. La piedra de toque de este nuevo diseño de movilidad es el transporte escolar compartido, adaptándolo a las necesidades de los usuarios regulares, pero siempre con prioridad para las necesidades escolares. Aunque la Xunta asegura que las ANPA aceptan este modelo, Confapa emitió ayer un comunicado desmintiendo su apoyo. El plan también incluye un embrión de lo que será el modelo del transporte a demanda en zonas rurales con poca población o para los días que no hay transporte escolar, que incluirá una central de llamadas. El precio de los billetes será de 1,40 euros en 38 de los 42 contratos que acaban de pasar por el trámite de información pública. Los otros cuatro son de larga distancia. En total, suman 50 millones de volumen de negocio. Según la Xunta, más de 1,7 millones de gallegos tendrán una parada de autobús a menos de 500 metros de su casa, pues el número de paradas en las zonas donde se implantan los nuevos contratos pasan de 2.100 a 4.500. También se mejoraría la cobertura territorial, al evolucionar de 11 millones de kilómetros anuales recorridos a 16.
¿Qué piden los sindicatos?
En un principio daba la impresión de que UGT, CC.OO. y CIG convocaban la huelga por la incertidumbre que generaba el nuevo plan en el mantenimiento de la calidad y la cantidad de los puestos de trabajo en el sector. Hoy la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, les garantizará que aplicará la normativa de subrogación de puestos de trabajo, de tal manera que las nuevas empresas que opten a los contratos hereden los trabajadores de la anterior. No obstante, esta no es la única razón por la que van a la huelga. En su petición oficial para los paros argumentan que se deben a la «intransixencia» de la patronal a la hora de revisar los convenios del sector, cuyos empleados llevan cinco años con el sueldo congelado.
¿Qué pide la patronal?
Las federaciones mayoritarias del transporte creen que los estudios de viabilidad económica de los nuevos contratos no reflejan la realidad del sector en las zonas rurales, y temen que eso haga desaparecer a las pequeñas empresas. Por eso creen que es necesario que la Xunta compense el déficit en zonas de baja demanda si se quiere mantener el servicio. Alegan que es posible, pues el Gobierno gallego se ahorrará parte de los 120 millones que anualmente destina al transporte escolar. También cuestionan que las rutas escolares se transformen en regulares.