José Antonio Cerdeira: «No me hacen feliz las demoliciones, sino ver que la gente cumple la ley»

José Antonio Cerdeira Pérez (México, 1972) conoce el territorio que pisa. Trabajó como secretario en un ayuntamiento ourensano, así que los conflictos urbanísticos municipales no le son ajenos. El director de la Axencia para la Protección da Legalidade Urbanística destaca el valor preventivo, disuasorio, del organismo que dirige desde hace algo más de año y medio una especie de policía urbanística que el año pasado batió su récord de demoliciones de construcciones ilegales, un total de 182. «El aviso a navegantes es crucial. Que la gente conozca lo que puede pasarle por hacer algo ilegal. Los ciudadanos cada vez son más conscientes de las graves consecuencias, con sanciones muy cuantiosas y la demolición de la vivienda. Incluso pueden acabar en el banquillo por construir un galpón en un suelo rústico protegido».

-¿Ese récord qué significa? ¿Hay más infracciones, inspeccionan más o simplemente se acumulan desenlaces de expedientes abiertos hace años?

-Es más lo último. La agencia echa a andar en el 2009 y cada año estamos tramitando entre 450 y 500 expedientes. Y esa actividad continuada a lo largo de los años da sus frutos. Las demoliciones o que se reponga la legalidad también implican que la gente ejecuta voluntariamente lo que le hemos ordenado, cada vez más pronto. Saben que cumplir la ley sale más barato que esperar y afrontar las multas coercitivas.

-Supongo que mucha gente es consciente de que está cometiendo una ilegalidad, pero quizás espera pasar desapercibida.

-Sí, pero cada vez menos. Ya nos conocen más. El «ti vai facendo, xa veremos o que pasa» de algunos alcaldes ya no funciona. Igual no los descubre la Administración en un par de años, pero probablemente tengan una denuncia de un vecino o del propio ayuntamiento.

-¿Sigue habiendo concellos demasiado tolerantes con las ilegalidades urbanísticas?

-Sí, ese un lastre importante y hay que cambiarlo. Todos debemos remar en la misma dirección para que se cumpla la ley. La indisciplina urbanística ya no campa a sus anchas. Los alcaldes cada vez son más maduros. Saben que el mirar para otro lado no lleva a ningún sitio. Si a un vecino el alcalde no le para una edificación ilegal, no le está haciendo un favor. Algunos afectados incluso se quejan de que nadie los avisara de la ilegalidad. La mejor prevención es parar la pala cuando va por el camino y preguntar si tiene licencia.

-Pero sigue habiendo alcaldes que mueven sus hilos para proteger a vecinos o incluso algunos que conceden licencias ilegales.

-En el pasado ocurría eso.

-¿Ahora no?

-Los alcaldes saben que se arriesgan a ser acusados de prevaricación y que esa licencia se anule. Y después el que tiene que indemnizar es el ayuntamiento. Afortunadamente, el panorama ha cambiado en esto.

-¿Se porta todo el mundo tan bien? ¿No hay picaresca?

-Por supuesto que la hay. Cuando te dan el carné para conducir un coche no puedes llevar un tráiler. Pero se piden licencias para hacer un galpón para aperos de labranza y después eso se convierte en vivienda. Eso sigue pasando.

-El mítico fin de semana, vamos.

-El fin de semana sigue siendo la estrella. La gente tiene la concepción errónea de que no es como una vivienda unifamiliar. Pero la ley no distingue si esa vivienda se ocupa un solo día o toda la semana. El uso residencial en suelo rústico protegido está prohibido. La gente cree que en el peor de los casos solo se lo mandarán retirar, pero no saben que también pueden ser sancionados y que se enfrentan al banquillo. En Galicia hay esa necesidad de disfrutar del paisaje, pero hay que hacerlo donde se pueda.

-¿Y cómo saben que el uso no es adecuado? ¿Entran con permiso para comprobarlo?

-Nuestros inspectores ya son perros viejos y cuando ven que en una esquina hay una antena, o una chimenea, ya saben lo que hay. Intentan engañarnos, pero no lo consiguen. Están obligados a facilitarnos la labor de inspección.

-¿Por qué una mayoría deciden demoler ellos mismos su casa?

-Porque si no cumplen en el plazo marcado se enfrentan a multas coercitivas. En suelo rústico imponemos cada tres meses multas de 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 y 10.000 euros.

-Si no derriban, va subiendo.

-Claro. Entonces la gente valora. Cuando reciben la de 2.000 euros les avisamos de que se enfrentan a la de 4.000. Entonces se dan cuenta de que no merece la pena y aceptan las demoliciones voluntarias. Y si no lo hacen, lo hacemos nosotros y le pasamos la factura. Sorprende ver que hay gente que ha pagado auténticas barbaridades en multas.

-Lo ideal sería que no fuera necesario demoler nada, ¿no cree?

-A mí no me hace feliz tener más demoliciones cada año. No buscamos el número. Me hace feliz ver que la gente cumple la ley. ¿Podríamos llegar a un horizonte de demoliciones cero? Quizás. Eso significaría que cumplimos con la normativa. Si a un nórdico no se le ocurre hacer una casa ilegal, ¿por qué no podemos aspirar a que no se le ocurra a un gallego? Esa es la meta. Detrás de nuestras cifras está la pedagogía. El objetivo es la demolición cero, pero nos queda mucho camino.

-¿No estamos yendo demasiado lejos con propuestas como la guía de colores cuando el problema en Galicia es que la gente no pinta sus casas?

-Hay una apuesta decidida de este Gobierno para luchar contra el feísmo. Nosotros también estamos en eso, aunque no derribamos una casa por ser fea, sino porque es ilegal. Pero a menudo ambos conceptos van ligados. La gente debe saber que está obligada a acabar la fachada y los ayuntamientos, con la nueva ley, deben obligar a los propietarios. Los concellos deben concienciarse.

-¿Por qué no las acaban?

-Van poco a poco, pero deben saber que una licencia da un plazo de tres años para terminar la casa.

-¿No hay una cierta imposición de los criterios estéticos urbanitas en esto del feísmo?

-Pero aquí no hablamos de estética. Hablamos de que hay que terminar las casas. Tan simple como eso. Una vez vi una vivienda de ladrillo que por dentro estaba decorada a todo lujo. ¿Por qué no adecentaron la fachada?

«Trabajamos con imágenes aéreas y hay un plan para utilizar drones en las inspecciones»

La Axencia para la Protección da Legalidade Urbanística cuenta con dieciséis subinspectores, que son los que están sobre el terreno. Aparte están los inspectores que tramitan los expedientes. A pesar de ello, el organismo «es un referente a nivel nacional».

-Son muy pocos para un territorio tan amplio y disperso, ¿no?

-No lo voy a negar, podrían ser más, pero son los que son y con ellos hacemos una labor muy digna. También trabajamos con fotos aéreas y analizamos los cambios. Y hay un proyecto para utilizar drones. Eso nos ahorra muchos desplazamientos para inspeccionar. Y los 66 concellos que están adheridos a la agencia también pueden supervisar y denunciar.

-Hay zonas de sombra en su cobertura, concellos a los que nunca han llegado.

-Ahora ya hemos inspeccionado el 85 % del territorio. Quedan 35 concellos. Pero a lo largo de este año vamos a tener inspeccionado todo el territorio gallego. Algunos son ayuntamientos de gran población que tienen sus propios servicios de inspección. Un concello como Vigo no es mi objetivo. Tenemos que doblar el número de ayuntamientos adheridos. Nuestra labor de asesoramiento en ellos es muy importante.

-¿A dónde van los nueve millones recaudados en multas?

-A los municipios adheridos va la mitad de la sanción cuando es competencia delegada y el resto, al tesoro autonómico o a nuestra propia actividad en demoliciones. Aunque no es extraño que contratemos el derribo y cuando llegan las máquinas la casa ya ha sido demolida. La gente espera hasta que suena la campana. Y también tuvimos casos muy conflictivos, incluso con movilización social.

-¿Cuánto tardan de media en demoler una casa?

-Hay expedientes judicializados que duran muchos años. Si no hay recursos lo normal son tres años.

-Supongo que deben enfrentarse a muchos dramas familiares.

-Sí. Hay personas que vienen y nos cuentan su situación, pero muchas veces solo puedes escucharlas y hacer pedagogía. Y si hay un plan que prevé que esa zona sea urbanizable en un tiempo razonable lo analizamos y evitamos la demolición. No somos tan insensibles.

-Ese apego a la tierra y a la casa, tan gallego.

-Sí. Una vez una señora me lloraba por un garaje de ladrillo. Ese apego a un terreno heredado de tu familia está ahí. Yo también lo siento, pero solo lo haría si es legal. Por encima de mi apego está la norma. Y construir en suelo rústico protegido es un delito.

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