Macrocausas que se desinflan

Decenas de imputados han quedado liberados de las acusaciones que soportaron durante varios años


redacción / la voz

Juan José Díaz Valiño era alcalde de Castro de Rei por el PSOE el 26 de octubre del 2009. Era lunes, y ese día la jueza Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, ordenó la detención del regidor y de tres concejales por una supuesta trama de contrataciones irregulares. La propia jueza se desplazó hasta Castro de Rei con un batallón de policías nacionales para registrar las oficinas del Concello. El regidor fue encerrado en los calabozos de la comisaría de Lugo y lo llevaron, esposado, al juzgado.

Siete años después, Juan José Díaz Valiño ha sido absuelto por la Audiencia de Lugo. Como él, también quedaron exonerados los otros seis acusados en la macrocausa: concejales, empresarios y arquitectos. La absolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, pero la Audiencia de Lugo, que anuló los pinchazos telefónicos ordenados por la jueza, es rotunda: «No hay razones, indicios o sospechas objetivas, más allá de las meras suposiciones, que pudieran permitir entender que se estaba cometiendo o se iba a cometer algún tipo de ilícito penal».

El caso de las multas

100 imputados, 2 condenados. Estela San José ya no está en Lugo, y ya no instruye causas. Ahora dirige un juzgado de lo penal en Huelva. Desde allí ha visto cómo se venía abajo otro de sus casos estrella, el de las multas. Se cerró el año pasado, pero con una sentencia muy alejada de las expectativas creadas cuando inició las investigaciones, en el 2008. Acababa de descubrir una supuesta trama que quitaba multas de tráfico. Imputó a 100 personas. Pronto, la cifra bajó a 78, y finalmente se sentaron en el banquillo 23 acusados. En julio del 2015, la Audiencia de Lugo dictó sentencia: dos condenados, el que era subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, y el entonces jefe provincial de Tráfico. Los otros 21 acusados quedaron absueltos. Son funcionarios, alcaldes, políticos, empresarios y hasta un cura. El Supremo resolvió en mayo de este año el recurso de los dos condenados y les rebajó la pena: tres meses de prisión y un año de inhabilitación para Otero, que ahora es alcalde de Monterroso, y dos años de cárcel y tres de inhabilitación para el que era jefe de Tráfico.

Operación Pokémon

Contra la corrupción. Es la macrocausa más importante de Galicia. La instrucción comenzó en el 2011 y hay más de cien imputados en Galicia, Asturias y Cataluña. La jueza Pilar de Lara dirige desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo esta operación contra la corrupción que alcanzó gran repercusión porque entre los investigados hay destacados políticos, desde concejales a diputados. Y hubo más, pero algunas acusaciones se fueron desinflando. Como en el caso de Paula Prado, entonces diputada autonómica, que fue absuelta por el Tribunal Superior de Xustiza de la acusación de tráfico de influencias que le imputaba De Lara. También quedó en nada la acusación contra el senador lucense del PP José Manuel Barreiro. El Tribunal Supremo no vio motivos «para incoar causa frente al aforado», y ni siquiera lo investigó. Más tiempo tardó José Manuel Rey Varela, entonces alcalde de Ferrol y hoy conselleiro con Feijoo, en demostrar que la voz que le habían grabado en una conversación telefónica por orden de la jueza De Lara no era la suya. Era de un tal Josman. 

Caso Campeón

Instrucción cerrada. También fue el Supremo el que puso fin a la imputación del socialista José Blanco. El alto tribunal lo investigó por un supuesto pago de Dorribo en la gasolinera de Guitiriz. Fue exculpado en el 2013. La instrucción de la Campeón está finalizada y el juez que lleva el caso, que inició Estela San José, decretó la apertura de juicio oral el pasado junio. Esta operación implica a políticos de la Xunta y empresarios. Para Dorribo se piden 24 años de cárcel.

Operación Carioca

La trama de los burdeles. Sigue abierta esta macrooperación que inició Pilar de Lara en el 2009 contra una supuesta mafia que controlaba los burdeles y explotaba a mujeres. Entre los numerosos imputados hay agentes de las fuerzas de seguridad, empresarios y políticos.

El fiscal analiza la sentencia de la operación Rei para decidir si presenta recurso

El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, está analizando la sentencia de la operación Rei para decidir si propone la presentación del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Lugo absolvió a todos los implicados en esta larga investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras en el Concello de Castro de Rei y puso de manifiesto fallos en la instrucción, en concreto, la ilegalidad de los pinchazos telefónicos a dos personas que ni siquiera llegaron a ser imputadas.

El fiscal comenzó a analizar detenidamente lo expuesto en el fallo para luego determinar si plantea a la Fiscalía del Supremo la necesidad de un recurso. Es este órgano el que se ha de encargar de formularlo en base a los razonamientos que se planteen desde Lugo.

Algunos abogados de imputados en la operación expresaron ayer que las posibilidades de que prosperara un recurso en el Tribunal Supremo eran prácticamente nulas. Uno de ellos indicó que lo que podría suceder es que el Supremo aún pusiese más en evidencia los fallos en la instrucción.

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