Está acusado de presuntas irregularidades en contrataciones de obras en el municipio
12 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El próximo mes de noviembre se cumplirán siete años de la detención de los miembros de la comisión de gobierno de Castro de Rei por parte de una jueza que ya no está en Lugo. La intervención, en busca de presuntas irregularidades en contrataciones de obras efectuadas desde el consistorio chairego, fue bautizada con el nombre de operación Rei, que ahora llega a juicio. El exalcalde socialista del municipio, Juan José Díaz Valiño; la exconcejala de asuntos sociales, Ana María Canto; el exedil de aguas, Antonio Balado (PSOE) y el ex teniente de alcalde, Roberto Lorenzo Fernández (Terra Galega), se sentarán en el banquillo de la Audiencia, con la secretaria municipal, un funcionario, un empresario y un arquitecto, a partir del martes. Lorenzo, ahora en el PP, es el único que sigue como edil.
El fiscal los acusa de diversos delitos. Al exalcalde le atribuye falsedad en documento público, por el que le reclama cuatro años de cárcel y cuatro de inhabilitación; prevaricación, por el que le pide diez años de inhabilitación y por cohecho, 3.000 euros de multa y suspensión de cargo público por dos años y medio. A los demás ediles les acusa de prevaricación y pide para ellos entre ocho y nueve años de inhabilitación. La pena reclamada para la secretaria es de cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho.
La operación Rei pasó por muchos avatares en los últimos años. La Audiencia Provincial decidió su anulación y por lo tanto la absolución de los imputados al entender que hubo irregularidades en la tramitación por parte de la instructora. La decisión fue recurrida y el Supremo ordenó que siguiera adelante.
La magistrada llegó a imputar a medio centenar de personas, pero el fiscal hizo una criba y dejó la lista de acusados en ocho. En su momento, además de los ediles de la comisión de gobierno, también había sido detenida la que hoy es alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que era vicepresidenta de la Diputación. Aunque la detención fue ordenada por la misma jueza de la operación Rei, pasó a formar parte de otras diligencias que tramitó otra jueza que acordó retirar los cargos a la hoy regidora lucense.
Esta operación surgió como consecuencia de la abierta por la retirada de multas de tráfico en la DGT de Lugo, caso que acabó con condenas confirmadas por el Supremo para dos acusados.