Vía libre a las multas por no acabar la casa

serafín lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

El sábado entra en vigor la nueva Lei do Solo, que obliga a los concellos a ordenar el remate de las fachadas y castigar el incumplimiento con sanciones que pueden sumar 25.000 euros en 15 meses

15 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La medida no es nueva, pero la Xunta está decidida a que, esta vez sí, lo sea su cumplimiento. La entrada en vigor, el próximo sábado, de la Lei do Solo abre la vía para multar a los propietarios de viviendas inacabadas que no rematen las fachadas. El marco legal contempla que el incumplimiento de la orden de ejecución de las obras para acabar con el ladrillo visto dará lugar a la imposición por los concellos de sanciones coercitivas que pueden sumar 25.000 euros en 15 meses.

Para evitar que los alcaldes se inhiban, como sucedió con la norma del 2002 ante las instrucciones del bipartito, la nueva convierte en obligación municipal lo que hasta ahora era una potestad. En este sentido, Feijoo apeló ayer a la «responsabilidade» de quien pide una licencia de obra para finalizar la fachada, con independencia de que posponga el remate interior de la casa. Subrayó que la Administración renuncia a «esixencias máximas» sobre los materiales a emplear, pero sí reclama unos mínimos en cuanto a un recebado exterior que evite el impacto de esas viviendas sobre el «patrimonio común». El presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, incide en las reticencias de los alcaldes, que ahora autorizarán las edificaciones en suelo rústico. «Es un problema de pedagogía, más que de legalidad», objeta García, que cree que la Xunta debe implicarse con ayudas económicas a los propietarios de esas casas sin recebar.

Remate exterior

Fachada y cubierta. La obligación de rematar las viviendas afecta tanto a la fachada como a la cubierta. Esto incluye, además de cerramientos y muros, la carpintería exterior: puertas y ventanas. En el caso de que el propietario de una casa sin acabar no atienda la orden municipal para completar esos trabajos, el concello procederá a su ejecución forzosa con la imposición de sanciones coercitivas. Su importe puede alcanzar los 10.000 euros desde un mínimo de 1.000, cuando con la ley actual eran 600. En el caso de que el dueño de la casa siga negándose, las multas se duplicarían cada trimestre hasta acumular ese máximo de 25.000 euros en 15 meses: 1.000 de la primera, 2.000 de la segunda, 4.000 de la tercera, 8.000 de la cuarta y 10.000 de la quinta. A mayores, la infracción leve que supone dejar una edificación sin finalizar conlleva de entrada una multa de 300 a 600 euros. La ley permite al concello asumir las obras necesarias y pasar la factura al propietario.

Casas sin construir

Prórroga de licencias caducadas. Una de las grandes novedades del nuevo marco normativo es la posibilidad de prorrogar varias veces la licencia de obra en los casos en los que haya expirado el plazo de tres años que establece ese permiso municipal. En esas fincas que siguen ocupadas por tiempo indefinido con edificios de los que solo se han levantado cimientos y pilares, la Xunta supeditará la ampliación del plazo de la licencia a que el promotor realice previamente las obras de acabado exterior, tanto de la cubierta como de la fachada. El Ejecutivo atiende así una petición de alcaldes y promotores.

Regularización

Edificios anteriores al plan urbanístico. La nueva ley, que también prohíbe las urbanizaciones aisladas, dará seguridad jurídica a los dueños de miles de casas y naves construidas antes de que el concello en el que se localizan tuviera plan urbanístico, por lo que eran consideradas como fuera de ordenación. Solo quedarán al margen de esta regularización las edificaciones en zonas verdes o que afecten a viales o equipamientos públicos, en las que solo estarán permitidas obras de mantenimiento.

Simplificación

Menos trámites y más rápidos. La principal razón de ser de la nueva Lei do Solo es simplificar la farragosa tramitación del planeamiento, que ahora empantana a los concellos durante más de 8 años de media. La norma reduce los informes autonómicos a uno, implanta el silencio positivo si la Administración no se pronuncia en tres meses, y ofrece un planeamiento básico a los concellos con menos de 5.000 habitantes.

Futuro incierto

Falta de consenso político. Pese a la vocación de continuidad que Feijoo reivindicó ayer en su presentación, la Lei do Solo arranca lastrada por la ausencia de consenso político que también hipotecó las anteriores. Los grupos de la oposición ya avanzaron que la tumbarán si llegan a la Xunta.