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La nueva Lei do Solo nace lastrada por la falta de consenso, como las anteriores

El PP aprueba en solitario un texto que el PSdeG promete derogar si llega a la Xunta

Santiago, 10 de febrero de 2016. Actualizado a las 00:52 h. 9

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El pleno del Parlamento gallego aprobó ayer el proyecto de Lei do Solo de Galicia, un texto que, según la Xunta, nace «con vocación de permanencia» y con el objetivo declarado de acabar con los bandazos normativos para estabilizar la promoción urbanística. Son propósitos que no están al alcance de la mano, ni mucho menos, pues la nueva norma que entrará en vigor a mediados de marzo echará a andar lastrada por la falta de consenso político y la advertencia de los grupos de la oposición, con el PSdeG a la cabeza, de que la derogarán en cuanto tenga la oportunidad de llegar al Gobierno.

Los diputados Miguel Santalices (PP), Marisol Soneira y Méndez Romeu, ambos del PSdeG, y Xosé Manuel Beiras (AGE) es posible que sufrieran ayer una especie de déjà vu al pulsar el botón para votar, pues son los únicos que ya tenían escaño en diciembre del 2002, cuando la Cámara aprobaba la Lei de Ordenación Urbanística, la llamada ley Cuíña, que echó a andar también muy debilitada, pues al igual que la actual solo contó con los votos favorables del PP y el rechazo de toda la oposición. Curiosamente, aquella ley sufrió una decena de modificaciones posteriores -casi una por año- que promovieron tanto los populares y el bipartito de PSOE y BNG. Y el nexo común de todos estos cambios es que ninguno de ellos contó con el consenso necesario para asegurar su durabilidad.

Algo parecido le puede ocurrir a la ley de nuevo cuño aprobada ayer. El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo dijo que el texto era una «versión recortada, devaluada e empobrecida», y asumió, en nombre de su grupo, el compromiso de «derrogar e substituír con carácter inmediato» este texto en cuanto tengan la oportunidad de regresar al Gobierno.

Ana Pontón, en nombre del BNG, coincidió en remarcar que la ley «nace morta» por la falta de puntos de encuentro con la oposición, como un ejemplo más del «urbanismo mutante» que en su opinión representa el PP con los contantes cambios normativos. Responde a un «modelo obsoleto, ineficiente, insostible e fracasado», apuntó a su vez el viceportavoz de la coalición AGE, Antón Sánchez, mientras Consuelo Martínez (Grupo Mixto) también auguró que «durará pouco» por incompleta.

Desde el PP, Jaime Castiñeira puso en valor el esfuerzo hecho por su grupo para negociar el texto, en tanto que se aceptaron 75 enmiendas de la oposición, mientras que otras 45 fueron transaccionadas. Es más, negó que la norma se aprobara en solitario, pues dijo que nace «co apoio» de miles de gallegos y de los colectivos con los que fue discutida previamente.

La propia Beatriz Mato, conselleira de Ordenación do Territorio, puso en valor el texto que, en su opinión, permitirá «contar cunha Galicia ordenada, sostible, capaz de crecer e de ser competitiva», a la vez que puso el acento en que el texto permitirá que los concellos que carecen de planeamiento puedan dotarse del mismo con los medios que la Xunta pondrá a su disposición. Estas son las principales novedades que incorpora la ley:

Planeamiento

La figura del plan básico municipal. La Xunta crea a través de esta ley la figura del planeamiento básico con el fin de extender la normativa urbanística a los municipios de menos de 5.000 habitantes. En la actualidad, solo el 26 % de los concellos disponen de normativa urbanística adaptada a la leyes autonómicas, mientras que algo más del 73 % de los municipios gallegos -principalmente los pequeños, o bien no disponen de planeamiento o bien no está adaptado, algo que se pretende corregir ahora.

Regulación

Legalización masiva de edificaciones. Uno de los aspectos capitales de la nueva Lei do Solo es que permitirá reconocer miles de viviendas y de naves industriales que fueron edificadas antes de que los concellos correspondientes se dotaran de planeamiento urbanístico. La norma permitirá que esas edificaciones pasen a estar dentro de ordenación, aportando mayor seguridad jurídica a los particulares y propietarios de plantas industriales que actualmente tienen dificultades para utilizar su patrimonio como garantía hipotecaria o a la hora de tramitar licencias de reformas o de ampliación. Quedan fuera, eso sí, las edificaciones ubicadas en zonas verdes o en suelo de uso público.

Suelo rústico

Reducción de la superficie mínima urbanizable. La ley apuesta por el suelo rústico como espacio productivo y suprime las categorías de protección agropecuaria y forestal. Los concellos serán los encargados de autorizar las edificaciones en ese suelo, donde además de las vinculadas al sector primario también podrán instalarse cementerios y depuradoras. Además, en la construcción en el rural se reduce la superficie mínima urbanizable de los 5.000 a los 2.000 metros cuadrados.

Feísmo

Obligación de rematar las fachadas. El texto reitera la obligación de rematar las obras inacabadas, especialmente en su aspecto exterior, para combatir el feísmo. Es más, un reglamento posterior fijará un régimen de sanciones para combatir las obras inacabadas, aunque serán los concellos los encargados de actuar contra los particulares.

La solución a la suspensión del plan de Vigo queda en el aire por el veto de AGE

El grupo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) mantuvo hasta el final su veto a facilitar una salida política a la suspensión judicial del plan urbanístico de Vigo aprovechando el último trámite parlamentario de la Lei do Solo de Galicia. Todos los grupos políticos, con el PP y el PSdeG a la cabeza, eran proclives a incorporar una enmienda conjunta en el último momento para corregir esta falta de planeamiento para evitar que se pusiera en riesgo, por ejemplo, el plan de ampliación de la planta de Citroën.

Pero el viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, no facilitó el arreglo y denunció un intento del PP de «facerlle pagar a moitos» ciudadanos lo que fue una decisión «tomada por uns poucos» en el Concello de Vigo. Acusó, además, al los populares de intentar convertir a AGE en «cabeza de turco» por no prestarse a facilitar una corrección sin el correspondiente debate público.

Así las cosas, la enmienda ni siquiera se pudo introducir para su votación, pues ello exigiría de la unanimidad de todos los grupos. Desde el PP, Jaime Castiñeira puso de relieve que el problema del planeamiento de la ciudad olívica lo crearon «o alcalde de Vigo e o bipartito», mientras que desde la Xunta señalaron ayer que se buscará una solución al problema mediante una ley de medidas urgentes que se tramitará por la vía de urgencia.

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