La Xunta pagará dos meses de luz a familias amenazadas con cortes que ganen 500 euros

El ministro de Industria, José Manuel Soria, se revuelve en su sitio cuando le mentan dos palabras: pobreza energética. El domingo, durante una entrevista en Salvados, volvió a repetir que el Gobierno ya pone solución a ese fenómeno, disparado durante la crisis económica, según el cual algo más de dos millones de españoles tienen serias dificultades para abonar los recibos de luz y gas, más durante los meses invernales.

La solución oficial se llama bono social, que proporciona un descuento en la factura eléctrica de un 25 %. A él tienen derecho familias numerosas (sea cual sea su renta) o con todos sus miembros en paro, jubilados y consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hay 2,5 millones de titulares del bono social. Pero, este descuento, que costean las eléctricas por imposición del Gobierno, parece a todas luces insuficiente, pues la pobreza energética está ahí y los cortes de luz (también en invierno) por impago de los recibos se siguen produciendo.

Soria, durante la entrevista, no aportó solución alguna a esos dramas y recalcó que no es posible adoptar ninguna medida para evitar esos cortes. Que el Estado pague los recibos de esas familias con el agua al cuello, añadió, sería injusto, porque tendrían que abonarlos el resto de consumidores. Este principio de solidaridad social, en cambio, sí han decidido asumirlo otras Administraciones públicas. Ayer lo hizo la Xunta.

Tras aprobar la medida en septiembre, ahora, a seis días de las elecciones, el presidente Feijoo y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, reunieron a representantes de las comercializadoras de energía eléctrica con clientes en Galicia: Gas Natural Fenosa (la que más, con 1,4 de los 1,8 millones de contratos), Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y las pequeñas comercializadoras agrupadas en CIDE. La Xunta y las empresas firmaron un convenio para aliviar a las familias que están amenazadas por los cortes de luz por impago del servicio.

¿Cómo? Pues la Administración autonómica los evitará temporalmente asumiendo el pago de como mucho dos mensualidades y por una cantidad máxima de 200 euros. La Xunta ha presupuestado 600.000 euros para afrontar esta medida. Haciendo las cuentas, resulta que podrán beneficiarse 3.000 gallegos.

¿Quiénes? Los que perciban una renta mensual inferior a 532 euros del Iprem, el indicador público de renta de efectos múltiples. La medida se activará cuando estos consumidores reciban el aviso de su compañía comercializadora de que les cortará la luz porque no ha pagado los recibos. Según explicó el conselleiro Conde, esa notificación incluirá información sobre la ayuda a la que pueden acogerse. Esta se activará cuando le afectado la solicite vía telemática ante la Consellería de Industria. Y esta será la que mueva ficha ante la compañía para que no proceda al corte en el plazo de un mes. En ese tiempo, si el consumidor reúne las condiciones, la Xunta pagará el recibo a la comercializadora.

Si el cliente se despista y ya está sin luz por impago, la consellería también actuará, previa solicitud, asumiendo la factura y pidiendo a la empresa que restablezca el suministro en un plazo de 24 horas. Francisco Conde aclaró que se trata de una ayuda puntual para paliar temporalmente el problema, de ahí que se establezcan el tope de dos mensualidades a pagar para una misma familia.

Compatible con otras ayudas

Beneficiarse de este plan es compatible con recibir el llamado tique eléctrico. Se trata de una especie de bono social, pero de la Xunta, del que disfrutan 3.000 gallegos, cuyas condiciones económicas son las mismas que se exigen para este programa de pago de recibos. Reciben 180 euros al año (15 al mes) o 300 si se trata de una familia numerosa para afrontar el gasto de electricidad y gas.

Convenios como el firmado ayer existen en comunidades como Valencia, Madrid y Castilla y León. Y en ayuntamientos como Barcelona, Bilbao o Zaragoza.

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