El ADIF cree que la fecha del 2018 puede mantenerse a pesar de los parones en las obras. Estas circunstancias, dicen, están previstas en el cálculo de los plazos
31 ene 2015 . Actualizado a las 09:31 h.La larga crisis que ha golpeado muy cruentamente a la obra pública ha servido al menos para algo. Ahora la Administración mira hasta el último euro en sus proyectos, evitando sobrecostes innecesarios y ajustando los escasos recursos públicos. Hay que recordar que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tiene que acudir ahora a los mercados de deuda para financiarse y hace solo una semana colocó 1.000 millones en bonos a diez años. Este es el contexto en el que se desarrolla el pulso entre el ADIF y las empresas adjudicatarias de los tramos del AVE entre Lubián y Ourense, que paralizaron las obras en al menos seis tramos porque no pueden continuar si no se modifican los proyectos.
En la vorágine constructiva que se vivió España antes de la crisis el ritmo de los trabajos se basaba en el «ti vai facendo». «Cuando aparecía algo que no estaba contemplado en los proyectos no se paraba la obra. Te decían que continuaras y, a posteriori, se firmaba el modificado y se reformaba el proyecto», asegura un cargo relacionado con las obras de la nueva conexión de alta velocidad.
Ahora es muy diferente. Cada propuesta de modificación, sobre todo las que llevan aparejadas sobrecostes, es revisada exhaustivamente por los técnicos del ADIF. Mientras dura este proceso, las empresas afectadas -en este caso Ferrovial, Dragados, Puentes, Geotunel, Ferrovial, OHL, Taboada y Ramos e Isolux Corsán, entre otras- se ven obligadas a parar. «No podemos ejecutar unidades de obra que no están previstas en los proyectos», explican fuentes empresariales. El parón lo asumen con costes, pero aseguran que no tienen más remedio. Algunos cálculos cifran en más de doscientos los trabajadores que ya han sido despedidos temporalmente o que recibirán la carta de despido en los próximos días. Para alguna subcontrata, que suelen ser empresas de tamaño pequeño o medio, el traslado de la maquinaria es una perspectiva muy engorrosa y cara.
A pesar de todos estos problemas, fuentes del ADIF desdramatizan un parón que no reconocen oficialmente en su totalidad, pues asumen que las empresas, por ley, no pueden parar «unilateralmente» las obras. Consideran que el plazo del 2018 para terminar la conexión ferroviaria con la Meseta ya está calculado teniendo en cuenta eventuales retrasos provocados por problemas técnicos o conflictos con las adjudicatarias.
No hay concertación
Esto no lo ven así en algunas empresas. «Llevamos ya un considerable retraso sobre el calendario previsto y hay que tener en cuenta que cuando acabemos nosotros viene la vía, la electrificación y la seguridad», comentan. Ante las acusaciones de chantaje al Gobierno que ayer lanzaron formaciones políticas como AGE, fuentes relacionadas con las obras negaron de forma tajante esas intenciones. También quitaron credibilidad a que concertaran de alguna manera su pulso al ADIF y a Fomento. «No hay concertación. Aquí cada empresa va a lo suyo. Si no tienes problemas en la obra continúas porque lo que quieres es cobrar», dicen.
Ayer, tras trascender la noticia de la paralización de obras, el ADIF no tomó ninguna medida relacionada con el problema de las modificaciones de proyectos. Las empresas están a la espera.