Los gitanos preparan un nuevo exilio

«Las maletas están listas. Estar encerrados en casa con hambre y miedo como están es inútil», dicen. La Fiscalía llama a declarar al presidente de la Sociedad Gitana

L. C. Llera
Tui / La Voz

El regreso de los gitanos zamoranos y castellanos de Tui y O Porriño que se fueron de Galicia por un conflicto de la etnia gitana sin precedentes puede tener las horas contadas. El presidente de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, Francisco José Romero Alvite, advirtió ayer que «ya tienen las maletas preparadas».

La espera se hace cada vez más tensa. «Ellos están preparados para marcharse en cualquier momento, pero la intervención de la Fiscalía les ha dado una esperanza e igual esperan unos días para ver si hay una solución. Solo quieren ser libres para trabajar», sostiene Romero Alvite. Advierte que lo están pasando muy mal «porque volvieron con la ilusión de recuperar sus casas, trabajos y colegios, pero no ven solución».

El presidente de la Asociación Galega de Ambulantes sostiene que el domingo pasado los zamoranos y castellanos volvieron con la idea de ir al mercadillo del martes a Redondela. «Pero algo muy grave pasó la noche del lunes porque después ya no fueron capaces de volver a salir de sus casas», manifestó. Alvite defiende que «seguir encerrados en casa con miedo y hambre como están, es inútil» y les anima a que salgan. «Esta noche quedaron en confirmarme si van a ir mañana al mercado de Redondela, pero ya no sé», señaló a última hora de la noche de ayer.

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Galicia ha llamado a declarar al presidente de la Sociedad Gitana en Galicia, Sinaí Giménez, en el marco de las diligencias de investigación penal que se abrieron el 11 de noviembre para esclarecer el destierro de 400 miembros de esta etnia con residencia en Tui y O Porriño. La acción de la Fiscalía surgió a raíz de la denuncia de Francisco José Romero Alvite, que ya prestó declaración el pasado día 24 para precisar los extremos de su denuncia. Sinaí Giménez declarará el miércoles.

Además, el ministerio público ha solicitado a la Guardia Civil toda la información de la que dispongan sobre este conflicto y ha recabado de la Consellería de Educación un informe detallado sobre las condiciones de escolarización del centenar de menores afectados por el desplazamiento fuera de Galicia.

También ayer se manifestaron sobre el conflicto que afecta gravemente a la vida social y económica del sur gallego el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Rueda admitió que el caso del destierro del colectivo de gitanos zamoranos y castellanos asentados en las zonas de Tui y O Porriño es «complexo», pero insistió en que la Xunta «cumprirá as súas obrigas».

El vicepresidente manifestó que se trata de un asunto que preocupa a todas las administraciones «porque afecta a moitas persoas». Desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra se aseguró que tanto la Guardia Civil como la Fiscalía están haciendo un seguimiento del conflicto. «Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos», afirmaron en un comunicado.

Sobre el terreno se suceden los encuentros y reuniones maratonianas que se terminan sin avances y se celebran a puerta cerrada, sin que trascienda su contenido. Las posturas parecen irreconciliables. «Ellos quieren trabajar con libertad», insiste Romero Alvite.

Mañana se cumple una semana de su regreso tras 22 días fuera de Galicia. Aún no han salido a trabajar a ninguna feria y los más de un centenar de escolares de esta etnia que el lunes volvieron a sus respectivos colegios de Tui y O Porriño han vuelto a faltar a clase desde el jueves. «Los zamoranos están atrincherados en sus casas, solo salen para las reuniones en las que se intenta consensuar un acuerdo entre las partes, porque aseguran sentir miedo», confirmó ayer el alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez. «Desde el departamento de servicios sociales de Tui ya se hizo una primera entrega de alimentos a las familias», indicó el regidor.

Tui emitió el jueves un comunicado conjunto de toda la corporación exigiendo la intervención policial y judicial de oficio ante lo que consideran «una clara vulneración de los derechos de residencia y trabajo reconocidos por la Constitución». Ayer siguió el ejemplo O Porriño, que hizo público un acuerdo similar suscrito por los portavoces de los grupos del PP, BNG y PSOE.

La corporación porriñesa insta a las autoridades competentes, como Fiscalía y Subdelegación del Gobierno, «a tomar las medidas necesarias para garantizar que no se vulneren los derechos a la libertad, seguridad, integridad física y moral, al trabajo y a la residencia». También reclaman que se emprendan «con la mayor rapidez posible, las acciones judiciales oportunas para garantizar la escolarización de los menores y que el derecho al trabajo y a la libre elección de residencia sean respetados».

Conflicto

La Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia, por su parte, también emitió un comunicado solicitando la intervención judicial y de la Xunta, pero «contra los padres gitanos zamoranos que dejaron de escolarizar a sus hijos utilizándolos como rehenes de un conflicto con el oscuro fin de desacreditar, desprestigiar y dar una mala imagen de la comunidad gitana gallega y de sus máximos representantes». Sostienen que «intentan dar la impresión de que se trata de un conflicto social cuando es únicamente laboral» y consideran «una burla» el comunicado de Tui, al ser el concello el que suspendió el mercadillo, lo que desencadenó el conflicto.

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