En los primeros seis meses de este año la APLU demolió 46 edificaciones
17 ago 2014 . Actualizado a las 13:09 h.Tras décadas de amnistía y de dejar hacer, la Administración gallega decidió hace unos años que era hora de poner coto a los desmanes urbanísticos. Con el fin de allanar ese camino emprendido una década atrás se creó la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística, un instrumento que, desde el primer derribo, ejecutado en el 2008, suma ya la demolición de 355 construcciones ilegales en el territorio gallego, una cifra considerable si se tiene en cuenta que durante los primeros 27 años de autonomía la Xunta solo había conseguido derribar una vivienda ilegal. La APLU, acrónimo con el que se conoce la agencia que depende de la Consellería de Medio Ambiente, ha ido incrementando su actividad sancionadora a lo largo de los últimos años, de tal manera que ha pasado de siete derribos en aquel 2008 a 100 durante el 2013.
Hasta el mes de junio de este 2014, el organismo contabilizó 46 órdenes de demolición ejecutadas, 25 de ellas en la provincia de A Coruña, 14 en Pontevedra, 5 en Lugo y 2 en Ourense.
Las tareas de inspección realizadas durante los seis primeros meses del año derivaron en la apertura de 180 expedientes de reposición de la legalidad. La mayor parte de ellos corresponden a obras iniciadas en la provincia de Pontevedra (81), mientras que en A Coruña fueron 40, en Lugo, 33 y en Ourense, 26. En ese mismo período se resolvieron 154 expedientes de reposición de la legalidad y se impusieron 207 multas coercitivas. Asimismo, 75 de esos expedientes fueron acompañados con una orden de suspensión de obras.
Aunque en todo el territorio gallego se cometen infracciones, uno de los principales caballos de batalla del urbanismo en la comunidad es el cuidado de la costa. En este ámbito, la agencia impulsó, en la primera mitad del año, 29 expedientes, 15 en Pontevedra, 6 en A Coruña y 8 en Lugo. Se impusieron 77 multas coercitivas, 48 en Pontevedra, 26 en A Coruña y 3 en Lugo.
El muestrario de construcciones que cayeron bajo la piqueta es muy variado, desde edificios de pisos a viviendas unifamiliares, galpones, instalaciones hípicas o deportivas, añadidos a construcciones o muros levantados en lugares prohibidos. Las causas que llevaron a su ilegalización y que forzaron su desaparición también son muy diversas, si bien las más habituales son la indebida edificación en suelo afectado por la Ley de Costas o bien en terrenos calificados como rústicos.
Los inspectores de la APLU centran sus actuaciones en usos prohibidos o sujetos a autorización autonómica, en aquellas construcciones que se realizan sin ajustarse a la normativa en suelo rústico o en aquellas realizadas en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre que hayan sido realizadas sin un permiso que las ampare. Eso en el caso de los concellos que no se han adherido a la agencia. En aquellos que lo han hecho, las competencias de la APLU se amplían, de manera que se inspeccionan también los usos sujetos a licencia municipal. Sesenta municipios han firmado hasta el día de hoy el convenio con el ente urbanístico.