La Xunta canaliza en las familias las ayudas para que ningún niño se quede sin comer, tras rechazar abrir comedores en verano para no hacer visible el problema
17 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La forma eclipsó durante semanas la gravedad de la cuestión de fondo, en el agrio debate político sobre el cierre de los comedores escolares. Después de rechazar su apertura en verano, con el argumento del PP de que podría suponer un estigma para los niños y familias beneficiarias de las ayudas, la Xunta ya dispone de los recursos adicionales necesarios para atender el problema. Los 725.000 euros que recibe del fondo estatal de pobreza infantil permitirán a la Consellería de Benestar ampliar el convenio con el banco de alimentos (dotado este año con 50.000 euros) y reforzar las ayudas de emergencia social para las familias con menores a su cargo (4,5 millones).
¿Cuándo se abrió el debate político en Galicia sobre este problema?
Hace un mes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, el grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) elevó a la Cámara una solicitud que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, había trasladado días antes a las comunidades para que mantuvieran abiertos los comedores escolares durante el verano. Se trataba de atender a los niños de familias en riesgo de exclusión, que en muchos casos tienen en el menú escolar su único sustento diario. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en emplazar a la Xunta a adoptar las medidas necesarias para que ningún niño se quede sin comer en Galicia. Hubo consenso sobre el fondo, pero discrepancias sobre la forma.
¿Por qué no se atendió la petición de la Defensora del Pueblo para abrir los comedores en verano?
El PP esgrimió que podría generar una «excesiva visibilidad del problema». Es decir, que podría poner en primer plano el drama de la existencia de casos de malnutrición infantil en Galicia. Alegó, además, que la apertura de comedores en vacaciones puede implicar una estigmatización de los menores y de las familias beneficiarias. Hacía falta una solución alternativa. La conselleira Beatriz Mato la anunció el 26 de junio en el Parlamento. Pasa por incrementar las ayudas de emergencia destinadas a la cobertura de necesidades básicas y a colaborar con la federación de bancos de alimentos. La asistencia se canaliza a través de las familias.
¿Qué posición mantienen el resto de colectivos e instituciones implicados?
Están de acuerdo en la idea de que ningún menor debe quedarse sin comer. La Confederación Galega de AMPA de centros públicos (Confapa), buena conocedora del problema, pidió la intervención del Valedor do Pobo. La Confapa planteó en su momento que las alternativas deben surgir de los concellos. Pero evitando siempre que los niños puedan sentirse señalados. La Xunta no estaba sola en el temor a la estigmatización. De hecho, en Benestar aseguran que las entidades de inclusión social consultadas también observaron que no veían adecuada una apertura de los comedores que, además, no solventaba el problema de adolescentes y jóvenes en edad no escolar con el mismo problema.
¿Qué hacen el resto de comunidades autónomas?
Al no abrir los comedores en verano, Galicia se desmarca de una opción que aplican Andalucía (20.000 niños atendidos el año pasado), Canarias (6.200) y Aragón. Cataluña, Murcia y Baleares gestionan las ayudas a través de los ayuntamientos, aunque contemplan la posibilidad de abrir los comedores. Por su parte, Valencia opta por escuelas de verano para atender a 2.500 niños. El modelo gallego de ayudas a través de las familias lo utilizan Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra.