La única declaración que difirió de la pauta general fue la de un empresario lucense. El industrial reconoció que había cometido una infracción, que le supuso la retirada de cuatro puntos y una multa. Dijo que la sanción cree que la pagó un administrativo de la empresa, que era el que tenía encomendada esa tarea. Insistió en que había asistido a un curso para recuperar puntos. Según reconoció, fue a la Subdelegación del Gobierno, que está enfrente de su casa, para preguntar si le podrían retirar el permiso en agosto, durante las vacaciones. No pudo hablar con el subdelegado porque no estaba. Según su relato, después otro empresario con el que se iba de viaje le pidió que le diera la multa, que se la pasaba él por fax. Según él «fixéronme un favor que non pedín».
Contradicciones
Los únicos que hicieron declaraciones antes de la vista fueron el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, para quien el fiscal pide siete años de cárcel, que agradeció los apoyos que estaba recibiendo desde que se inició la instrucción del caso. También habló la abogada de Julio González, el exjefe de Tráfico para el que el ministerio fiscal reclama cuatro años de cárcel y quien en las sesiones anteriores se acogió a su derecho a no declarar.
La letrada de González puso de manifiesto, antes del inicio de la sesión, que podía haber testigos que incurrieran en declaraciones contradictorias, dado que uno o dos de los imputados ya se conformaron con la pena solicitada por el fiscal. Destacó que pueden existir esas contradicciones entre la declaración prestada por el imputado y la de la persona que presuntamente utilizaron para interceder por la retirada de la sanción.