Desde hace años es costumbre pedir en muchos colegios a los padres un paquete de 500 folios al inicio de curso para repartir fotocopias y material. A finales del año pasado, la Xunta abrió expediente disciplinario a varios directores de colegios por una gestión irregular del comedor. Cobraban una aportación, voluntaria, a los padres, por un servicio que era gratuito. Cuando Educación modificó el sistema de comedores y lo vinculó a la renta, los progenitores se encontraron con dos recibos, lo que acabó destapando unas prácticas dudosas. En otro colegio, los progenitores, voluntariamente, pueden aportar una cantidad para gastos de funcionamiento como calefacción u otro material. Al final, la «voluntariedad» acaba confundiendo qué es educación pública y qué no.
Una de las características de la educación pública y obligatoria es que es gratuita, o al menos lo era. Los padres abonan los libros de texto, el transporte escolar y el comedor si no tienen ayudas por pertenecer a rentas bajas, y todo el material que a lo largo del curso deben llevar los pequeños al aula para hacer trabajos y desarrollar ejercicios en el aula. Que ahora se pida una aportación voluntaria para calefacción u otro tipo de mantenimiento no es tolerable. Tener calefacción entra dentro del requisito mínimo de una educación de calidad, igual que un pupitre y una silla. Los colegios e institutos públicos dependen de la Consellería de Educación, que es quien debe garantizar el pago de los gastos de funcionamiento del centro. Si el dinero no llega porque es escaso, ahí están las quejas, las reivindicaciones, las pancartas, e incluso los encierros. Los padres no son los mecenas de los colegios. O lo son, pero como los millones de ciudadanos que se rascan el bolsillo en impuestos para pagar la educación.