PP y PSOE no encuentran motivos para destituir a los políticos imputados

José Manuel Pan
josé manuel pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Sostienen que la imputación no es culpabilidad y que solo se deben exigir dimisiones cuando el juez impone medidas cautelares

24 feb 2014 . Actualizado a las 13:58 h.

La dimisión se vende cara en la política. Los casos de supuesta corrupción que están aflorando en los últimos meses y que mantienen bajo sospecha judicial a decenas de ayuntamientos de Galicia parece que no son suficientes para poner de acuerdo a los dirigentes de los partidos políticos ni a los altos cargos institucionales. La sociedad, mientras, se despierta cada día con un escándalo desvelado por las investigaciones judiciales sobre corrupción. Interrogatorios y escuchas ponen en entredicho a decenas de alcaldes y concejales gallegos señalados por la figura de la imputación. Muchos parece que han hecho poco caso de la diferencia entre inocencia penal e inocencia política que apuntó el fiscal superior de Galicia, e insisten en esgrimir la presunción de inocencia para no dejar el cargo.

Pocos políticos imputados han dimitido o han sido expulsados por sus partidos. Y no es de extrañar, porque solo el BNG y EU, que tienen un porcentaje más bajo de cargos públicos, exigen la dimisión o la destitución de forma clara. Xavier Vence, portavoz nacional del BNG, es rotundo: «Imputación significa que o xuíz aprecia indicio claro de delito na actuación dunha persoa. Polo tanto, os cargos políticos imputados nunha investigación xudicial de tramas de corrupción deben dimitir ou ser cesados para devolverlle a dignidade ás institucións». Vence cre que la ciudadanía «contempla atónita como ducias de cargos públicos do PP e do PSOE están imputados sen que pase absolutamente nada». Parecido piensa Yolanda Díaz, coordinadora xeral de EU y viceportavoz de AGE. Los políticos imputados «deben dimitir», dice, y apunta que su partido los suspende de militancia de forma cautelar. EU prohíbe declaraciones públicas en defensa de los cargos imputados.

PP y PSOE tienen más matices. En el caso de los populares, José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol y presidente de la Fegamp, que engloba a los ayuntamientos gallegos, aclara que opinar sobre la dimisión de un político imputado requiere «matizar cada caso». Afirma que está «en sintonía con la opinión de mi partido, que está exigiendo dimisiones cuando se imponen medidas cautelares». Pero Rey Varela puntualiza que «una simple imputación no creo que pueda ser causa de dimisión. Es violar el principio de presunción de inocencia. Exigir la dimisión de un imputado supone prejuzgar su conducta». Su compañera de partido, diputada y portavoz del PP de Galicia, Paula Prado, asegura que «seremos tan respetuosos con la presunción de inocencia como inflexibles con aquellos que cometan un delito». Acto seguido, Prado matiza: «Pero imputación no es sinónimo de culpabilidad».

«A postura do Partido Socialista é moi clara», asegura Pilar Cancela, número dos de los socialistas gallegos: «Calquera militante que sexa detido por un caso de corrupción e se lle impoñan medidas cautelares pola autoridade xudicial, será apartado inmediatamente do partido». Sostiene que en el PSOE las responsabilidades políticas se anticipan a las penales, de forma que «nos casos de corrupción un militante xa é apartado da organización no xuízo oral, antes de que a Xustiza dite sentencia». Dice que su formación «ten moi claro que un político pode cometer un erro, pero xamais pode cometer un delito». Cancela recuerda que los socialistas presentaron en el Parlamento un código ético «de boa conduta» y un plan de medidas concretas para la regeneración democrática.

«Asociar imputación con dimisión es injusto», afirma Pilar Rojo, presidenta del Parlamento y una de las voces destacadas del PP gallego: «Eso podría generar situaciones perversas, como un incremento de las acusaciones sin fundamento que ponen en cuestión la trayectoria de personas a las que después nadie resarce su honorabilidad».

Samuel Juárez, delegado del Gobierno y exconselleiro con Feijoo, afirma que las dimisiones tienen mucho que ver con cuestiones éticas. «Es evidente -dice Juárez- que una condena, o una prueba, sobre un delito es un condicionante tremendo para un político». Pero matiza: «Yo respeto la decisión de muchos políticos de no dimitir cuando entienden que las imputaciones no tienen base y que no han hecho nada malo». Juárez sostiene que esos políticos «tienen todo el derecho a defenderse». Eso sí, el delegado del Gobierno cree «muy deseable» que las imputaciones, acusaciones y pruebas «se materialicen lo antes posible».