Un policía declaró que los sacaban de los colegios para controlar la ORA

Uno de los objetivos de la trama que investiga De Lara es hacer cada vez más favorables los contratos para las empresas, presionar con un sinfín de tácticas para que los ciudadanos paguen más y buscar nuevas fórmulas para lograr más ingresos a costa del dinero de los conductores. Esta técnica, avalada por el poder político, se ejemplifica a la perfección cuando en Santiago se propone instalar cámaras en los semáforos para multar a los que se los salten. En este caso, por ejemplo, la jueza intuye que hay un acuerdo entre el concejal de Santiago Ángel Luis Espadas (PP) y Alexandre Ros, de la empresa GRS, sobre «cómo redactar el pliego de un contrato» del Concello de Santiago para gestionar las multas.

En el sumario se evidencian más presiones sobre el poder político para que las distintas policías locales aprueben la retirada de más vehículos, con el objetivo de que los ciudadanos no se relajen y gasten más en las máquinas expendedoras. Solo hay que recordar la obsesión de Gervasio Rodríguez por que en Lugo se retiren más coches, al igual que en A Coruña. «Estamos en veinticinco coches al día, que es una vergüenza», dice Gervasio. «Ya pedí 40 o 50», le responde Tutor, al tiempo que se plantean mejorar las relaciones con el responsable de la Policía Local en A Coruña.

Quizás el ejemplo más llamativo de esta presión es lo que cuenta un policía local de Lugo en su declaración ante la jueza. Se refiere a Francisco Fernández Liñares como un hombre obsesionado por que la policía ratificara las multas de la ORA y darles así respaldo legal. Veía en este sistema «un filón de oro». «Cuando Liñares ya no se llevaba bien con el jefe, fue Corral el que hacía todo lo que Liñares le pedía. Entonces fue cuando desplazaron al jefe y nombraron coordinador a Corral». Y aquí surge lo más sorprendente: el control de la ORA está por encima de la vigilancia de los niños que salen del colegio. «De aquella la policía se encargaba de controlar la salida de los niños del colegio. Pero Corral daba órdenes de que se dejara este tema y se fuera a controlar la ORA».

También se menciona un encuentro con el alcalde de Verín para negociar una propuesta de ampliación de la ORA a más calles, así como una subida de tarifas. En Lugo contaban con información privilegiada: acceden al borrador de la ampliación de calles con ORA de Lugo.

Viajes y presiones para extender la ORA a otras poblaciones

No solo se intenta ganar más con los sistemas ORA ya implantados. También se busca extender la red en localidades que no la tienen o regulan el tiempo de aparcamiento sin cobros. En septiembre del 2012, Jose María Tutor llama a Adrián Cordero González, el delegado del grupo Doal en Ourense, que le cuenta que se entrevistó con «uno que tiene dos o tres hoteles en O Carballiño y está muy interesado en que pongan la ORA y les dijo que políticamente puede mover algo». Meses antes, se habla de la posibilidad de que O Carballiño saque a concurso la ORA y la jueza da por hecho el interés de Vendex en Pontevedra. Incluso viajan a esa ciudad en mayo del 2012 para ver unas naves que podrían emplear para el negocio.

En una llamada de Tutor a Estrella Roca le comenta que desde Madrid le preguntaron por los viajes a Monforte, su lugar de nacimiento. Tutor dice que les contestó que iba «a ver al alcalde por lo de la ORA». El alcalde de Monforte confirma dos encuentros con Tutor, pero asegura que le dijo que no iba a aplicar la ORA por la falta de consenso entre los comerciantes.

Retirada de multas a determinadas personas

Muchas de las gestiones que se realizan en Doal tienen que ver con las múltiples llamadas de conocidos, políticos o personas con cierto rango social que reclaman que se les anulen las multas de la ORA. Abelardo Ulloa, el jefe de la Policía Local de Ourense, se entera de que un policía nacional con 2.000 euros de deuda por multas de la ORA descubre un su presunto secreto: sabía que había una lista de vehículos de policías locales para no denunciarlos. El policía nacional «pretendía coaccionarlos», dice la jueza en un auto, al enterarse de la existencia de estos supuestos privilegios que evidenciarían que la línea azul es más tenue para unos que para otros. Álvaro informa inmediatamente a José María Tutor, en diciembre del 2011, de este problema «gravísimo».

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