Investiga un supuesto retraso en resolver recursos del caso del Códice
12 dic 2013 . Actualizado a las 15:08 h.El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario al juez José Antonio Vázquez Taín por una falta muy grave, supuestamente cometida durante la instrucción del caso de la desaparición del Códice Calixtino de la catedral de Santiago. La apertura de ese expediente parece deberse, según las fuentes consultadas, al retraso del juez Taín, instructor de aquel proceso, en la resolución de uno o varios recursos que le fueron presentados durante la fase de investigación del caso del Códice, que adquirió gran repercusión en todo el mundo. Según las mismas fuentes, el pleno del Consejo General del Poder Judicial, órgano de dirección de los jueces, analizó las circunstancias y decidió admitir el asunto. Esta misma semana notificó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la apertura del expediente disciplinario y nombró al juez instructor y al fiscal que se encargarán de investigar la infracción presuntamente cometida por Taín, que en este momento está al frente de la investigación del asesinato de Asunta, por el que están en la cárcel los padres de la niña, Alfonso Basterra y Rosario Porto.
La responsabilidad disciplinaria de los jueces está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la actuación que se investiga ahora respecto al juez Taín está tipificada como una falta muy grave en el artículo 417, que en su punto 8 hace referencia a «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales». Ahora se inicia la fase de investigación en la que se realizarán las diligencias necesarias y Vázquez Taín será llamado a declarar por el juez instructor, que tiene que ser de igual categoría, al menos, que el juez investigado, que en este caso es un magistrado.
El instructor comprobará los hechos y las responsabilidades susceptibles de sanción, con intervención del fiscal y del interesado, que puede valerse de abogado, como indica la ley. Finalizado el proceso, el instructor valorará los hechos e indicará la sanción que proceda o decretará el archivo. Las sanciones previstas en la ley por falta muy grave van desde una multa de hasta 6.000 euros al traslado a otro juzgado, la suspensión por tres años, o la separación de la carrera. Las sanciones muy graves solo las puede imponer el pleno del Consejo General del Poder Judicial.