El fiscal dice al juez que ahora no procede imputar a cargos del ADIF

Exime a la cúpula del ente de responsabilidad y señala al maquinista

la voz

El jueves lo dejó entrever con su actitud, al no realizar preguntas a ninguno de los técnicos del ADIF llamados a declarar aquel día, y ahora acaba de ponerlo negro sobre blanco: el fiscal del caso Angrois, Antonio Roma, disiente, al menos en parte, del criterio que el encargado de investigar la tragedia del 24 de julio, Luis Aláez, está aplicando en la instrucción del sumario. Cree que, «en el presente momento procesal, no existen motivos» para imputar, como sí quiere el magistrado, a las 28 personas que entre el 2011 y la actualidad han formado parte de la cúpula del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Así lo explica en un informe del 20 de septiembre en Compostela que, sin embargo, no trascendió hasta ayer. La pelota, en el tejado del juez.

«De las actuaciones [practicadas hasta la fecha] no se desprenden desde luego en la actualidad indicios de que ninguno de los integrantes del consejo de administración [del ADIF] tuviese conocimiento de la existencia de la curva [de A Grandeira], su trazado, su señalización o cualquier otra incidencia con anterioridad a la producción del fatal accidente. Y, sin conocimiento, no puede establecerse responsabilidad», concluye Roma en su escrito. Las imputaciones del presidente del organismo, Gonzalo Ferre Moltó, las de sus antecesores en el puesto Antonio G. Marín y Enrique Verdeguer y las de otros 25 altos cargos que prepara Aláez, por lo tanto, «carecen de base jurídica en qué sostenerse».

El fiscal viene a dar la razón parcialmente a la Abogacía del Estado, que había recurrido un auto del magistrado del 10 de septiembre en el que pedía al ADIF que identificase a sus ejecutivos de los últimos dos años para tomarles declaración a todos en calidad de imputados.

«Pensar -argumenta en contra el fiscal- que existe una relación de causalidad o condicionalidad entre la señalización y el descarrilamiento, cuando por ese tramo y con el mismo sistema de seguridad ASFA circulan desde su puesta en marcha una infinidad de trenes es, cuando menos, aventurado». Apunta, en cambio, al maquinista del Alvia siniestrado, Francisco José Garzón. La velocidad a la que circulaba el tren era «excesiva» y «quien tiene que frenar no lo hace», pese a tener conocimiento «reiterado» de que debía proceder de forma contraria, expone Roma. Y añade: «El propio imputado Garzón Amo ya indica en su primera declaración que su despiste no guarda relación con el sistema ASFA digital».

El ministerio público también se refiere a las imputaciones de los cinco miembros del ADIF que esta semana ya fueron interrogados en sede judicial: Fernando Rebón Sartal, Manuel Besteiro Galindo, José Antonio García Díez, Carlos Ayuso González y Roberto Sáez Alonso. Deja entrever que él tampoco las habría ordenado, pero evita pronunciarse en firme sobre las mismas, dado que, al contrario que las otras, estas ya se han materializado. Aboga eso sí por esperar a la recepción de nuevos informes periciales para «confirmar o descartar responsabilidades en ese concreto ámbito del procedimiento».

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