El Gobierno está decidido a parar la hemorragia de imputaciones hacia altos cargos y salvar el prestigio del ADIF en los concursos internacionales. Y todo con tacto hacia las víctimas
19 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Llama la atención que una sociedad pública cuyo presidente es un cargo de confianza del Gobierno renuncie a recurrir un auto en el que se anuncia la imputación de los responsables de seguridad del tramo de Angrois y, apenas unas semanas después, recurra otro con llamativa vehemencia porque puede afectar a todos los miembros del consejo de administración desde diciembre del 2011. El tono un tanto soberbio hacia el juez, que jalona todo el texto de la apelación, no ha pasado desapercibido para nadie. Pero en el ADIF creen que lo importante es el fondo del recurso: no hay delito porque no se ha vulnerado ninguna norma.
El primer cambio en la estrategia fue elevar el nivel de los instrumentos de defensa, pasando de los servicios jurídicos propios a la Abogacía del Estado. El motivo de este cambio es claro: se envía el mensaje de que la Administración, institucionalmente, esté implicada en el caso, y no está dispuesta a que un sinfín de altos cargos, que en muchos casos nada tienen que ver con la seguridad ferroviaria, desfilen por los juzgados de Santiago.
No obstante, la postura más beligerante del ADIF en la causa, aseguran, no tiene motivaciones políticas. «Está basada en principios básicos del Derecho que quizás no se han tenido en cuenta en el último auto», aseguran fuentes jurídicas. Fomento quiere compaginar esta postura con el respeto a las víctimas y su disposición a ayudarlas. Pero su discurso de colaboración con la Justicia se diluye en decisiones como la de tratar de impedir in extremis que declararan los cinco cargos o en la de negarse a identificar a los miembros de los consejos de administración hasta que la Audiencia resuelva el recurso. Es probable, aseguran distintas fuentes, que el juez no permita que esto ocurra y les exija de nuevo los nombres.
De fondo, el prestigio del ADIF como aspirante a fraguar distintos concursos internacionales de alta velocidad también debe ser tenido en cuenta. Estas licitaciones, como la de Brasil, cuentan con cláusulas que impiden participar a gestores ferroviarios con algún accidente atribuible a su mala gestión en seguridad. Si finalmente la instrucción judicial sigue esta línea, será difícil optar a jugosos contratos como el que se está ejecutando en Arabia Saudí. Quizás por ello siempre han insistido en que el accidente de Angrois no era atribuible a la alta velocidad.
análisis el cambio de estrategia en la causa