Las investigaciones técnicas y judiciales sobre el accidente del tren S-730 en Santiago se hallan en marcha. No así las políticas, pues la responsabilidad de Fomento sobre la construcción y puesta en servicio de la línea, y sobre la adquisición y recepción del tren involucrado, están compartidas por los partidos mayoritarios, que las han impedido. Es prematuro intentar dilucidar culpas o responsabilidades finales. Pero en este país, acostumbrado a los juicios paralelos que no siempre persiguen la verdad, no gustan las explicaciones complejas para sucesos complejos, y se persigue la búsqueda de chivos expiatorios cuanto antes. En un grave accidente como el del 24 de julio se ven involucrados factores humanos de la conducción, del diseño, construcción y mantenimiento de la vía, del tren, y de las reglas y sistemas que rigen la circulación. No es el caso de decirle al juez qué línea de investigación debe seguir, pero tanto las víctimas como los ciudadanos tenemos derecho a que se analice y se investiguen todos los factores. El juez no parece haber entrado a valorar todavía la magnitud del accidente, sino solo su aspecto cualitativo, pero algún día tendrá que evaluar la aptitud del tren siniestrado para realizar los servicios que tiene encomendados. Y no parece que el maquinista ni los técnicos que diseñaron y construyeron la vía, ni los que construyeron y probaron el tren resulten ser los que decidieron las partidas económicas para su materialización, ni las fechas de puesta en marcha de una vía inconclusa y de un tren infradotado y tal vez inseguro.