La Axencia de Urbanismo emplaza a los alcaldes a solicitar esa tregua
25 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno gallego quiere aprovechar al máximo cada resquicio que abre la reforma de la Ley de Costas para regularizar el mayor número posible de las 12.500 viviendas de 855 núcleos tradicionales que están fuera del marco normativo, pero también para abrir un paréntesis en la ejecución de las órdenes de derribo que soportan 106 edificaciones asentadas en zona de servidumbre. Con esa finalidad, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ya modificó hace diez días su plan de inspección. Ahora da un paso más con el envío a 84 alcaldes de una comunicación en la que reclama agilidad para realizar los trámites oportunos. Este procedimiento implicará, previa solicitud por los concellos, la suspensión por la Xunta de esas órdenes de derribo hasta que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie, lo que no sucederá antes del 2015.
En la nota informativa remitida a los alcaldes, la directora de la APLU, María Martínez Allegue, indica sobre los expedientes que cuentan con resolución firme en zona de servidumbre (a menos de 100 metros del mar) que la Administración pública «en ningún caso pode deixar de adoptar as medidas tendentes a restaurar a legalidade urbanística vulnerada». Pero advierte que sí tiene capacidad para requerir «un mecanismo que conxugue a normativa autonómica coa finalidade pretendida na normativa estatal». Se trata, por lo tanto, de abrir una moratoria en la ejecución forzosa de la imposición de multas coercitivas por parte de la APLU a los propietarios de esas 106 construcciones con órdenes de derribo.
Vía libre para eludir la piqueta
La directora de la Axencia Urbanística explica a los alcaldes que, para que esas multas coercitivas queden en suspenso, el secretario municipal del concello deberá certificar que ha solicitado la regularización de esos núcleos costeros anteriores a la ley de 1988 que no estuvieran clasificados como suelo urbano, pero que reúnan los requisitos que exige la reforma sobre accesos, servicios y consolidación edificatoria.
Una vez recibidas esas solicitudes, Medio Ambiente dispondrá de 18 meses para responder, de ahí que la posible suspensión se demore hasta el 2015. La reforma legislativa precisa que, si no lo hace en ese plazo, se entenderá que su dictamen es favorable. En aquellos concellos que reciban luz verde para rebajar de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros de la costa, además de sus núcleos tradicionales, también quedarán regularizadas las edificaciones ilegales con órdenes de derribo. En definitiva, podrán esquivar la piqueta. En caso que el informe ministerial sea negativo, la APLU procederá a levantar la suspensión y retomará la ejecución forzosa de los expedientes abiertos en ese municipio en cuestión, con la imposición de nuevas multas coercitivas a los propietarios.
En esta tesitura se encuentran 34 municipios del litoral gallego, en los que están esas 106 edificaciones con órdenes de demolición, que en su mayor parte corresponden a viviendas unifamiliares. Los ayuntamientos con más expedientes de la Axencia Urbanística son O Grove (con 12), Sanxenxo (11), A Illa (9), Redondela (9) y Vilaboa (6), todos ellos en la provincia de Pontevedra, que suma 67 casos. Entre los 31 que se localizan en la de A Coruña, los municipios con más órdenes de derribo son Arteixo, Camariñas y Oleiros, con tres cada uno. Y de los ocho casos de la costa lucense, Barreiros tiene tres; Foz y Viveiro, dos cada uno; y O Vicedo, el otro.