Cacharro Pardo declara durante una hora por la operación Muralla

«Todo ha ido bien. Se celebró el examen contesté a todas las preguntas y espero aprobar» aseguró el expresidente de la Diputación de Lugo


Siete años después de iniciada la operación Muralla, Francisco Cacharro Pardo, expresidente de la Diputación de Lugo, ha vuelto a declarar hoy en los juzgados de Lugo. Lo hizo por un presunto delito de prevaricación en relación con adjudicaciones de redacción de proyectos de obras.

«Todo ha ido bien. Se celebró el examen contesté a todas las preguntas y espero aprobar», señaló tras prestar declaración ante la jueza durante una hora. Cacharro Pardo aseguró que no conocía con exactitud las imputaciones que le hacían. «Eso, pregúntenselo al fiscal», aconsejó a los periodistas. Al entrar, y a la pregunta de que le parecía el retraso en declarar, dijo: «No me puede parecer nada»

Su declaración comenzó pasadas las nueve de la mañana y terminó poco antes de las diez y veinte.

Extraña situación

La operación Muralla está en una extraña situación a la espera de que alguien decida algo sobre la misma. La docena de imputados aguardan desde mayo del 2006 a que alguien les comunique algo. Parece que, por el momento, no será.

El hombre que ocupó el sillón de mando de la Diputación Provincial de Lugo durante 24 años (1983-2007), Francisco Cacharro, fue citado para comparecer hoy, en calidad de imputado, ante la jueza Ángela Galván Gallego. No es que la magistrada tuviese intención de escuchar ahora a Cacharro, ni mucho menos. Lo oyó como testigo en una ocasión y ya lo consideró suficiente. Sin embargo, después de llevar la operación años atascada, llegó el fiscal jefe Javier Rey y desempolvó algunos tomos -quizás sería mejor emplear la palabra deshumedeció, porque en su día al sumario le cayó agua encima- y consideró que el expresidente provincial no podía librarse de una imputación. Entendió que tenía alguna responsabilidad en las presuntas adjudicaciones irregulares de redacción de proyectos de obras que el organismo que él presidía efectuó a una empresa que la policía considera que estaba formada por funcionarios del servicio de Vías y Obras de la Diputación.

Desacuerdo entre jueza y fiscal

Cuando el fiscal reclamó a la jueza que imputara a Cacharro Pardo, parece que esta quedó sorprendida por esa petición planteada siete años después. Ángela Galván respondió a Javier Rey que no aceptaba porque entendía que el expresidente del organismo provincial no iba aportar mucho más de lo que ya le había contado en la declaración efectuada el 26 de marzo del 2009.

El rechazo de la jueza provocó que el fiscal presentase un recurso ante la Audiencia de Lugo. El organismo provincial tardó un par de meses en decidir, pero, finalmente, acordó que se imputase a Cacharro.

Es posible que hoy el que fuera uno de los grandes baluartes del PP en la provincia, y que fue apartado drásticamente de cualquier contienda electoral después de haber estallado la operación Muralla, se agarre a lo que ya declaró hace ahora algo más de cuatro años.

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