Las ayudas de los expedientes investigados superan los 1,8 millones
26 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Las dimensiones del caso Maceiras, la trama de ayudas forestales de la Costa da Morte, no hacen más que incrementarse a medida que se van conociendo algunos de los datos que obran en poder del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión. El número de expedientes investigados, frente a los 68 que la Xunta anunció que le había requerido el juez en su momento, supera ya el centenar y la cantidad de personas afectadas se acerca a las 300, de las que, a día de hoy, alrededor de 150 seguirían sin tener constancia, al menos de manera oficial, de que sus identidades fueron utilizadas de manera supuestamente ilegal para solicitar subvenciones.
Entre esos particulares que en apariencia se acogieron a las líneas de ayuda de la Xunta, procedentes de fondos europeos, figuran al menos seis personas que ya estaban fallecidas durante la tramitación de las solicitudes y otra más incapacitada legalmente para firmar documentos de este tipo.
El volumen de dinero manejado sobre todo en los años 2007 y 2009, aunque también hay casos del 2010, supera los 1,8 millones de euros solo en los expedientes que ya se conocen, porque los afectados creen que aún podría haber más. Esas ayudas, que en algunos casos no se llegaron a pagar porque la Administración encontró irregularidades o los solicitantes desistieron, se corresponden a trabajos realizados por las empresas del vimiancés Manuel Maceiras Hermida, que está imputado junto a su mujer, uno de sus hermanos, dos ingenieros que trabajaban para ellos y varios funcionarios de Medio Rural y responsables bancarios que hacen un total de 17 personas.
Según los datos que manejan los investigadores, era el propio Maceiras el que supuestamente hacía y deshacía a su gusto, en lo relativo tanto a las tramitaciones administrativas como a las gestiones bancarias. De hecho, reconoció en la declaración que prestó en su día como primer imputado de esta trama que en las sucursales nunca le habían puesto pegas para ingresar dinero en nombre de otras personas para pagarles trabajos a sus propias empresas, de las que algunos empleados figuran también como solicitantes de subvenciones para terrenos que no les corresponden.
Tal como señalan fuentes del caso, estos manejos efectivamente se producían, puesto que en los documentos requeridos por el juzgado aparecen numerosos ingresos y retiradas de dinero en las cuentas designadas para el cobro de las subvenciones. Algunas de estas operaciones se dieron de manera casi simultánea y, aunque en ocasiones las firman otras personas, serían obra del empresario, que así, supuestamente, podía justificar los pagos y recibir los fondos públicos.
A estas presuntas irregularidades hay que sumar otras muchas apuntadas en la investigación, como la designación de los mismos apartados de correos y los mismos teléfonos para centenares de solicitantes, la falta del obligatorio director de obra en algunos de los trabajos, facturas calcadas de otras anteriores, certificados bancarios modificados o firmas supuestamente falsificadas.
La lista de beneficiarios de las subvenciones incluye a seis fallecidos