El fiscal pone bajo sospecha a la cooperativa San Miguel, de Marín
20 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal de delitos económicos de Pontevedra ha estimado en un millón de euros la cantidad que supuestamente se defraudó en el seno de la Cooperativa del Mar San Miguel, de Marín, como consecuencia de presuntas irregularidades en la comercialización de pescado en la lonja de Vigo. La investigación, iniciada en el último semestre del pasado año por la Agencia Tributaria, se refiere al trienio comprendido entre el 2008 y el 2010, ejercicios en los que se sospecha que se dejaron de declarar a Hacienda cuotas por encima de los 300.000 euros anuales.
Inicialmente, las pesquisas se referenciaron al 2007, si bien el propio representante del ministerio público pontevedrés reconoció ayer que los posibles delitos asociados a este año estarían prescritos. La legislación española vigente señala que esas irregularidades contra la Hacienda pública prescriben a los cinco años.
En todo caso, apuntó que, según los datos manejados por la Agencia Tributaria, entre este año y el 2010 se habrían realizado ventas, supuestamente no declaradas, por importe de unos 20 millones de euros. Se trata de una cantidad que se reduce a los quince millones si se obvia el ejercicio del 2007.
La investigación
Las sospechas de la Fiscalía de Pontevedra y, consecuentemente, de la Agencia Tributaria se centran en posibles comercializaciones de pescado al margen de los cauces legalmente establecidos. «Podría decirse que se investigan ventas en B», añadieron a este respecto fuentes consultadas. Los primeros indicios de que podría haber irregularidades en las ventas de la Cooperativa del Mar San Miguel se remontan a octubre del 2011. Mese después, en el marco de esta investigación, inspectores del organismo estatal se desplazaron hasta las oficinas de la cooperativa marinense en lonja de O Berbés, en Vigo, para recabar toda clase de documentos, en buena parte facturas. A resultas de esa redada, a finales del mes pasado decenas de armadores que operan en las Rías Baixas comenzaron a recibir cartas del organismo estatal relativos a una serie de supuestos impagos del IVA.
Según trascendió ayer, al parecer, las dudas existentes apuntan en la dirección de que, presumiblemente, no coincidirían las cuotas declaradas a Hacienda con las ventas reales realizadas por los afectados.
En principio, se descarta que exista una contabilidad alternativa a la oficial o B en la entidad pesquera, pero, al mismo tiempo, se considera que pueden existir indicios de fraude en las transacciones que se realizan fuera de lonja.
Fuentes del organismo estatal ejemplificaron con un caso concreto uno de los posibles fraudes que se pueden dar en este tipo de transacciones. Así, aludieron al caso de un empresario que declara oficialmente un determinado tonelaje cuando la realidad es que la mercancía alcanza un peso bastante superior. «La diferencia supone la obtención de unas ganancias que luego no declara», apuntaron.
Una vez concluya esta fase del proceso abierto en el ministerio público, lo habitual es que se interponga una querella contra las personas que se consideren son responsables de lo ocurrido o, por el contrario, se opte por archivar las diligencias si no se hallan indicios delictivos.