16 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.
El fiscal y la acusación particular no solo mantienen criterios contrapuestos al tipificar lo ocurrido -el primero habla de vejaciones y el segundo de torturas-, sino que mientras el ministerio público exonera de toda culpa a la que fue jefa de estudios, el abogado de la familia de la víctima le mantiene la imputación. El fiscal pide un año de prisión y tres de inhabilitación para empleo o cargo público para el docente. Por su parte, la acusación eleva las penas hasta los 6 años de prisión y los 12 de inhabilitación absoluta. Además solicita, respectivamente, 5 y 10 para la docente.