Blanco: un año de enredo judicial

Las expectativas políticas del exministro, que el viernes se postuló como candidato a presidir la Xunta, siguen pendientes del caso Campeón


A CORUÑA / REDACCIÓN

José Blanco tiene planes (y desde el viernes ya no es solo un secreto a voces que aspira a ser el próximo candidato del PSOE a presidir la Xunta), pero quizá no podrá desplegarlos hasta que en un escrito judicial del Tribunal Supremo lea la palabra sobreseimiento respecto a las acusaciones que contra él realizó el empresario Dorribo, principal imputado en el caso Campeón. Cuando se cumple un año del inicio de la causa en el alto tribunal, las perspectivas ya no son tan optimistas como hace unos meses. La investigación policial sobre la compra de la casa de Blanco y sobre sus supuestas gestiones para construir una nave en Sant Boi complicaron una instrucción procelosa que, hace unos meses, parecía que estaba a punto de cerrarse. Ahora, el escenario es más incierto.

Cohecho

Investigación sobre las supuestas entregas de dinero. El juez instructor del Tribunal Supremo José Ramón Soriano abrió diligencias para investigar si el diputado socialista recibió de Jorge Dorribo 200.000 euros en la gasolinera del área de servicio de Guitiriz, así como otros 40.000 euros -90.000 según otras versiones del empresario de Lugo- que habrían sido entregados en Andorra. También una supuesta gratificación por su inclusión como accionista en una empresa andorrana llamada Salut d?Innovació. En las declaraciones judiciales, el primo de Blanco, Manuel Bran, negó haber recibido los 200.000 euros para después dárselos al exministro. José Antonio Espiñeira, socio de Bran, también negó que recogiera en Andorra dinero para José Blanco. El supuesto testigo presencial de la entrega de los 200.000 euros en la gasolinera de Guitiriz, José Antonio López-Arias, declaró que no había visto a Dorribo entregar el sobre a Manuel Bran.

Cohecho

Los billetes de 500 y la carpeta azul. También se tomó declaración durante la instrucción judicial a los empleados de Jorge Dorribo para comprobar si su jefe les había ordenado obtener de distintas entidades bancarias billetes de 500 euros para pagarle a Blanco. Uno de los empleados no lo recordaba, pero los otros dos lo negaron. El empresario de Lugo aseguraba que los pagos a Blanco los anotaba con las siglas I.?F.?B. «en una carpeta azul», pero ningún trabajador conocía esas siglas. Los socios de la empresa Salut d?Innovació negaron que Blanco participara en su constitución. Y en los registros no se encontró la famosa carpeta azul. El Tribunal Supremo también tiene en su poder las facturas de la empresa del primo de Blanco, para comprobar si efectivamente se inflaron para realizar los pagos. En ninguna de ellas se reflejaba el importe de 123.000 euros al que se refería Dorribo. La investigación pericial sobre las cuentas andorranas tampoco encontró las salidas de dinero a las que se refería el empresario imputado. De existir el pago, concluía, «habría sido efectuado en efectivo, con fondos de origen desconocido, lo que imposibilitaría su verificación y seguimiento».

Tráfico de influencias

El préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia del Medicamento. Dorribo asegura que entregó dinero a Blanco para que intercediera ante la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, y lograr para Nupel un préstamo del BEI, una ayuda que en realidad debería ser gestionada desde el Igape, en la Xunta. Elena Salgado y otros dos altos cargos del ministerio declararon que Blanco nunca les solicitó intermediación de ninguna clase. Del departamento que a la sazón dirigía Salgado también dependía la ayuda regional solicitada por la empresa de Dorribo. Pero esta ayuda fue finalmente rechazada por un comité de evaluación técnica. También se investigaron las supuestas gestiones ante la Agencia Española del Medicamento para lograr la comercialización de unidosis. Sobre este asunto declararon siete personas y otra ministra: Leyre Pajín. Dorribo estaba muy interesado en reunirse con ella, pero no lo logró. Sí lo hizo con la subdirectora de Calidad de Medicamentos, María Dolores Vaquero. Este hecho suscitó dudas en el juez instructor, que encargó una investigación para ver si las reuniones con empresarios del sector eran habituales.

Tráfico de influencias

Supuesta elevación del precio de expropiación de una finca de Alvedro. El Supremo investigó también si Blanco usó su influencia para elevar el precio de una nave industrial que Aena expropió para ampliar el aeropuerto de Alvedro. Finalmente la nave se expropia por 4,7 millones, la cifra que calculó una empresa de tasación contratada por Aena. Los propietarios pedían entre 12 y 20 millones de euros.

Tráfico de influencias

La nave de Sant Boi. El juzgado también investigó las supuestas gestiones, presuntamente pedidas por el dirigente de Azkar José Antonio Orozco, para que la empresa construyera una nave en el aeropuerto barcelonés de El Prat. Esta, junto con la de su vivienda, es una de las investigaciones policiales que motivaron la queja de Blanco.

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