El motivo por el que el acusado atacó a su abogado no fue por un caso de desahucio, sino por una deuda por impago de alquiler y gastos que le reclamaban por una vivienda que ocupaba en Oural.
El dueño le cortó la luz por falta de pago y Miguel García optó por devolver las llaves de la casa y abandonarla. Su casero le reclamó judicialmente la deuda, y el inquilino contrató los servicios de Vilaro y de su jefe para llevar el caso.
En el juicio, García fue condenado a pagar parte del dinero que le reclamaba el arrendador, al no haber podido presentar pruebas de los pagos que aseguraba haber efectuado. Entonces, consideró que tanto su casero como sus propios abogados defensores lo habían estafado.
El acusado considera que el juicio no debería de haber tenido validez debido a que sufrió un ataque de ansiedad y no pudo aportar su testimonio para defenderse.