Feijoo va a tiro fijo con la reducción de diputados. La demoledora presión social para racionalizar el censo de cargos políticos, electos o no, convierte lo que ahora se viste de compromiso electoral en una obligación ética. Pero ese recorte requiere cartas boca arriba y máxima transparencia en la revisión de la ley electoral, para garantizar cuanto menos que no se agrave el desequilibrio en la caprichosa distribución de escaños por provincias. La otra pata de la reforma parlamentaria, la salarial, tiene más recorrido. En la estela de De Cospedal, Feijoo abre un debate que debe empezar por clarificar el sistema retributivo. Sería bueno explicar a los ciudadanos cómo es posible que sus señorías solo declaren por el 40 % de los 5.000 euros que cobran de media al mes, y que a seis de cada diez la declaración del IRPF les salga a devolver. Los que votan aguardan respuestas.