Hay pagas que ya no volverán a casa por Navidad. Volarán seguro. Otras, sin embargo, todavía están en el aire. Suspendidas en una especie de limbo. Quizás puedan comerse el turrón. La mano que maneja la tijera no tembló a la hora de recortar los ingresos de los funcionarios. Pero las corporaciones municipales no quedaron sujetas con la correa del decreto ley. Hay clases. A unos se les obliga a escribir al dictado. Sin elección. Punto y coma. Coma y punto. A otros se les ofrece esa posibilidad que cualquier niño se ha encontrado en la infancia a la vuelta de las vacaciones estivales: redacción con tema libre. Y no es lo mismo. Porque al ajuste aplicado a los funcionarios se le da un barniz de obligación oficial y justa, del «no queda otra», del deber. Mientras, la renuncia a la paga extra por la que optan voluntariamente algunos alcaldes y concejales se presenta como un esfuerzo a mayores, un plus solidario, un guiño del gobernante al pueblo. Pero cuando se revuelve tanto en el fondo, en lo esencial, importan las formas y los tiempos. De ahí que el orden de los factores altere el producto. Y altere también a muchos los ciudadanos.