Intenta evitar que el ajuste se vea como un ataque a los funcionarios
21 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La amplia movilización suscitada el domingo contra la reforma laboral cuando el PP clausuraba su congreso en Sevilla, unido a la advertencia lanzada por los sindicatos en Galicia de que están dispuestos a ir a la huelga si la Xunta no retira el proyecto de ley que recorta de forma temporal algunas prestaciones de los empleados públicos, hicieron ayer reaccionar a los populares, que movilizaron a varios responsables del partido y del Gobierno para explicarles detenidamente a todos sus cargos las reformas que se pretenden hacer, trasladándoles además la necesidad de que se aprueben de forma inmediata para entrar en vigor el 2 de marzo.
En un gesto bastante inusual, el PP ayer incorporó ayer por la mañana a la reunión de su grupo parlamentario al conselleiro de Presidencia y secretario general del partido, Alfonso Rueda, así como al director xeral de Función Pública, José María Barreiro, con el fin de dar cuenta de las medidas a todos los diputados que deberán de aprobarlas en breve, mientras por la tarde invitó a la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, al comité de dirección del PPdeG con la misma finalidad, es decir, para hacer pedagogía, crear argumentario y trasladar la necesidad de que la reforma se apruebe de forma urgente.
Evitar que sea un «ataque»
Las dos reuniones giraron en torno a un eje principal que, según las fuentes consultadas, consiste en evitar que el debate del proyecto de ley de medidas temporales para los empleados públicos pueda entenderse como un «ataque» a los funcionarios. Más bien al contrario, insistieron desde el alto mando del PPdeG, pues se trataría de una reforma necesaria para «preservar» el mantenimiento de las prestaciones sociales básicas, «sen tocar as retribucións propiamente ditas» de los empleados de la Xunta.
La ley de medidas temporales del empleado público recoge, entre otros aspectos, la reducción de nueve a seis de los días de libre disposición y la posibilidad de reducir jornada y sueldo. Además, limita las compensaciones para las bajas laborales y suprime las ayudas del fondo social. En el caso de interinos y personal laboral, el Consello de la Xunta se reserva el derecho a decidir reducciones de jornada en función de las necesidades que pueda tener la Administración, aunque dejando excluidos a los trabajadores de los ámbitos sanitarios y educativo.
El proyecto normativo será incluido en la orden del día del próximo pleno que celebre el Parlamento, previsto para el martes 28. La petición del Gobierno gallego es que el texto sea debatido por el procedimiento de lectura única, lo que le confiere un carácter simplificado y urgente. Esto permitiría su aprobación inmediata en dicha sesión y, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, entraría en vigor el 2 de marzo.