Barreiros es la claudicación del que debe imponer la ley ante quien la vulnera. Lo que la Xunta presenta como la solución política a una situación excepcional es un acuerdo político que, en lugar de penalizar un modelo de crecimiento ilegal, le da cobertura.
El municipio lucense abanderó la voraz presión urbanística que, durante el bum de la década pasada, amenazó con extender al litoral gallego las aberraciones que acribillan amplias zonas del Mediterráneo.
En apenas nueve meses, entre enero y septiembre del 2006, llegaron a visarse 6.000 viviendas en un concello de 3.200 vecinos. Al socaire del fiestón del ladrillo brotaron urbanizaciones sin accesos ni servicios de abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico. El bipartito levantó acta de las irregularidades y tumbó las normas urbanísticas, una decisión que avaló el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Pero la Xunta actual pactó con Concello y Diputación el acuerdo para dotar los servicios y ejecutar la edificación proyectada. El pacto que desbloquea el urbanismo de Barreiros es el golpe de gracia a una ley ambiciosa sepultada por una realidad caótica. Y lo paga Galicia.