Entiende que no hay pruebas de cargo contra él, por lo que la causa tendrá que volver a Pontevedra
22 oct 2010 . Actualizado a las 03:12 h.Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta, no se sentará en el banquillo de los acusados para responder de los cargos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude a la Administración autonómica que pesaban contra él por una denuncia presentada por los socialistas gallegos porque en su etapa de director de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra certificó como concluida la obra de la variante de Lira, cuando estaba sin acabar. La Fiscalía del Tribunal Superior ha decidido no pedir su procesamiento por falta de pruebas. Esta decisión, si finalmente es asumida por el instructor, implica que el TSXG dejaría de ser competente para seguir adelante con la causa, sin entrar en el fondo de la denuncia, porque los otros tres imputados, contra los que previsiblemente se presentarán cargos, no son aforados. Ello implica que la tramitación de la causa pasaría al juzgado de Pontevedra donde fue presentada la denuncia hace más de un año. El pasado 21 de septiembre declararon ante el instructor como imputados Pablo Montero, técnico de contratación de la Diputación de Pontevedra, y Juan Sánchez, representante de la empresa Sercoysa, adjudicataria de la obra de la variante de Lira. Antes ya lo habían hecho el conselleiro y el ingeniero de la Diputación, Baltasar Pujales, también como imputados, y varios testigos, entre ellos el presidente, Rafael Louzán. Después de las dos comparecencias del pasado septiembre, el instructor dio traslado de las actuaciones a las partes personadas para que formulasen alegaciones. En ese trámite, mientras la Fiscalía pidió el sobreseimiento para el conselleiro, la acusación particular que ejerce el PSdeG solicitó que los emplace para formalizar la acusación contra los cuatro imputados, incluido Agustín Hernández. Elementos incriminatorios El representante legal de los socialistas gallegos entiende que siguen existiendo elementos incriminatorios contra Agustín Hernández, aún después de que el ingeniero Baltasar Pujales asumiese toda la responsabilidad sobre la certificación de obra cuestionada y que el conselleiro mantuviese que la firmó sin leerla. Entre estos elementos cita un documento remitido por la Diputación pontevedresa en el que consta que, entre las competencias del director de infraestructuras -este era entonces el cargo de Hernández- está la de supervisión de las obras. Dicen que «si las supervisó, sería un delito de falsedad; si no lo hizo y firmó sin leer, de prevaricación». También cuestionan la fecha en la que Hernández dice haber cesado como apoderado de Sercoysa, ya que él sostiene que lo hizo en marzo del 2006, pero en el Registro Mercantil siguió figurando hasta noviembre del 2007.