El Sergas advierte de que la Fiscalía actuará contra los cinco pacientes que aún permanecen en el hospital de la Cruz Roja de Vigo si no se van en siete días
01 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Sergas advierte de que la Fiscalía «actuará» si los cinco enfermos que permanecen todavía en el hospital de la Cruz Roja de Vigo no abandonan las instalaciones antes del martes, conforme al ultimátum que ha dado la oenegé sobre el cierre de las instalaciones. «La Fiscalía debe velar por el estado de esas personas», apunta.
El Sergas ha buscado residencias para reubicar a los 70 pacientes que había en el hospital, que la Cruz Roja ha decidido desmantelar alegando que es deficitario. Pero cinco enfermos se niegan a marcharse si no les firman por escrito que los reubicarán en otro centro de Vigo, rúbrica a la que se niega la Administración. La oferta de la Xunta consiste en trasladar a dos pacientes a Aldán (Cangas) y a otros tres, provisionalmente, a la residencia El Pinar, situada en la carretera vieja de Madrid. El coste mensual normal por interno en El Pinar supera los dos mil euros. La Xunta está dispuesta a firmar un concierto con esta residencia para abonar parte de los gastos. «Pero no sabemos cuánto durará este concierto», señala Marisol González, mujer de Enrique Álvarez Abalde.
Enrique estuvo nueve años en prisión condenado por pertenencia al Partido Comunista de España Reconstituido, el brazo político de los Grapo, y lleva once años en el hospital a consecuencia de una esclerosis múltiple. Su compañera trabaja todas las mañanas y por las tarde acude puntualmente a visitar a su pareja. «Personalmente no creo que venga la policía a sacar a los enfermos en camilla», dice esta mujer.
El caso de los otros enfermos es parecido. Rosa María Cendón, mujer de Pedro Carreira, que lleva tres años en coma, dice: «Nuestra hija necesita ver a su padre. Tiene diez años y sufrió un shock cuando su padre se quedó en coma».
El ERE, cuestionado
El expediente de regulación de empleo del hospital aún no ha sido aprobado, pero ya han despedido a doce trabajadores temporales, explica Javier Prieto, de la CGT, sindicato que convocó ayer una nueva concentración de protesta. Prieto señala que no hay argumentos económicos que avalen el ERE y afirma que el Tribunal Supremo ya tumbó otro ERE de un hospital catalán que permanece abierto.
Amparo Álvarez Nogueira, de 91 años, es otra de las pacientes. Sufrió un severo problema de salud hace diecisiete años y pidió ayuda a su vecina de la calle Sanjurjo Badía, Deolinda Mera. «Soy amiga suya y llevo muchos años cuidándola, tantos que me metió a mí en la cartilla sanitaria. Tiene rota la cadera y está muy mal por la descalcificación de los huesos», cuenta ahora Deolinda. La cuidadora de Amparo también está operada y recibe tratamiento. Como no tiene la tutela legal, la asistente social ha dicho que lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía para obtenerla y poder hacerse cargo de ella.
El hospital empezó a funcionar en 1952. El Sergas aportaba 1,9 millones al año a través de un concierto, pero la Cruz Roja pedía medio millón más.